Bajón y ¿cuenta nueva?, por Alfredo Torres

Todo indica que el bajón en la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski (de 63% a 55%) y del primer ministro Fernando Zavala (de 44% a 37%) es directa consecuencia del ‘affaire’ Moreno. En efecto, la aparición de los audios donde se escucha al ex consejero presidencial hablar de un ‘negociazo’ con el Seguro Integral de Salud (SIS) lleva a pensar al 93% de los informados que el médico Carlos Moreno pretendía cometer un delito. 

Si bien dos de cada tres personas informadas de los audios consideran que la reacción del gobierno al descubrir la presunta corrupción fue la adecuada, el malestar parece ser el resultado de los pocos recaudos que tuvo el presidente al incluirlo como consejero suyo. El resultado es que ahora solo 39% piensa que el gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción y que esta se ha convertido de manera inesperada en la segunda causa de desaprobación a la gestión presidencial. El presidente debe actuar de manera más decidida en este campo si quiere recuperar la confianza popular.

No solo el gobierno se ha visto afectado por el deplorable comportamiento de Moreno. También el SIS (61%), el gremio médico (41%), el Arzobispado de Lima (28%) y hasta el hospital Loayza (25%), lo que revela que cuando una institución o una colectividad sabe de la mala conducta de alguno de sus miembros, lo mejor es apartarlo oportunamente antes de que sea muy tarde y los hechos trasciendan perjudicando la imagen de la institución o el gremio.  

En cambio, las críticas surgidas a la organización de los Juegos Panamericanos no tienen mayor respaldo en la opinión pública. La aprobación al ministro Jaime Saavedra sigue siendo elevada (40% este mes) y la mayor parte de la población informada de que Lima ha sido elegida como sede de los próximos juegos considera que los responsables del retraso en las obras de infraestructura son el ex presidente Ollanta Humala (35%), la ex alcaldesa Susana Villarán (17%) y el actual alcalde Luis Castañeda (14%). Solo 6% sindica al ministro como el principal responsable. 

Sin embargo, el 49% de quienes están informados del tema apoya la interpelación a Saavedra. Lo que estaría reflejando esta respuesta es una demanda por presionar a las autoridades ante el temor de que la infraestructura no esté lista oportunamente. Solo el 44% cree que el Perú cumplirá totalmente o en gran parte con los compromisos asumidos. Para el 52% solo lo hará parcialmente o no lo logrará.  

A pesar de esta inquietud, la mayor parte de la ciudadanía quiere que se realicen los Juegos Panamericanos en Lima. A una pregunta general sobre el tema, 70% se expresa a favor, y planteada nuevamente la pregunta con los argumentos a favor y en contra esgrimidos por defensores y opositores a su organización, el apoyo se eleva a 75%. Por lo visto, el nuevo presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos, Carlos Neuhaus, puede recurrir a la opinión pública si encuentra trabas en su carrera para llegar a tiempo a la meta.

Quien enfrenta una situación muy delicada es el ex presidente Humala. Entre aquellos que están informados de la investigación sobre el financiamiento recibido para sus campañas presidenciales en el 2006 y 2011, proveniente de Venezuela y Brasil, 92% apoya que se levante su secreto bancario y 84% que se imponga su impedimento de salida del país. A su vez, entre aquellos informados de la elevada compra de armas en que se incurrió durante su gobierno, solo 13% cree que fue para atender una necesidad real y 70% sospecha que Humala incurrió en corrupción en dichas compras. No será sencillo para la fiscalía probar que se cometieron delitos en esas operaciones, pero está claro que la ciudadanía demanda una investigación rigurosa.

En otro campo, las evidencias de la existencia de un escuadrón criminal en la Policía Nacional que asesinaba presuntos delincuentes en el gobierno anterior son cada vez más numerosas. No debería ser difícil establecer quiénes fueron los responsables directos y quiénes los protegieron desde el poder. La dificultad estriba en la actitud de una ciudadanía exasperada por la extensión de la delincuencia. Para el 44% de los informados de las ejecuciones de supuestos delincuentes rendidos en Piura, estas se justifican porque ocurrieron en una operación policial; y, a la pregunta de fondo, sobre qué hacer con un presunto delincuente, el 63% contesta, como corresponde, que debe ser detenido y juzgado ante la ley, mientras que un preocupante 32% prefiere que sea ejecutado extrajudicialmente.