¿Cambiará la corrupción en el Perú?, por Fernando Rospigliosi

En el 2013 fue evidente que Alejandro Toledo era también un político corrupto, cuando se descubrió que había adquirido –usando a su suegra como testaferro– dos propiedades por casi cinco millones de dólares. Las absurdas mentiras que pronunció sucesivamente el ex presidente para negar lo innegable solo confirmaban eso.

Como dije en esta columna: “Todas las evidencias mostradas hasta ahora indican que el ex presidente Alejandro Toledo posee una enorme fortuna que no puede provenir de ingresos legales, obtenidos honestamente de su trabajo, sino que son producto de la corrupción. Es decir, que durante su gobierno aprovechó del poder para enriquecerse ilícitamente” (“La República”, 22/9/13).

Cuando se descubrió la existencia de Ecoteva y otras empresas de fachada similares en Costa Rica, con la participación de Josef Maiman, estaba claro que él era el que había ocultado las coimas que recibió Toledo. Maiman, un empresario muy importante con base en Israel pero con negocios –y cuentas– en todo el mundo, muy cercano al ex presidente desde el principio, era la persona ideal para mover el dinero ilícito de Toledo-Karp.

No se conocía todavía el origen de las coimas.

No obstante, el sistema judicial peruano avanzó muy poco en casi cuatro años. Solo cuando el escándalo Lava Jato estalló en Brasil y empleados de Odebrecht han empezado a revelar algunos de los sobornos pagados a políticos y funcionarios peruanos, se ha puesto en marcha, con una lentitud exasperante, la judicatura peruana.

Naturalmente, a estas alturas sigue reinando la incertidumbre, pues a pesar de las pruebas cada vez más abrumadoras que llegan de Brasil y otros países, no se puede olvidar que el Poder Judicial peruano hizo que los casos Petroaudios y Comunicore terminaran sin condenas. Es tan ineficiente y corrupto que cualquier cosa puede ocurrir.

Ahora se habla de la gran oportunidad que tiene el Perú para regenerarse, sentar un precedente y acabar con la corrupción de hoy y futura. Dudo que eso ocurra. Muchos fuimos los que creímos algo parecido en el año 2001 y nos equivocamos. En esa oportunidad, por primera y única vez en la historia del Perú se juzgó y sentenció, con razonable imparcialidad, a personas poderosas y con dinero.

Pero como nos hemos enterado después, en ese mismo período el entonces presidente robaba cantidades inmensas de dinero al pueblo peruano (la plata no sale del bolsillo de los que pagan los sobornos, ellos simplemente inflan el presupuesto para remunerar a los funcionarios corruptos) mientras se llenaba la boca con discursos contra la corrupción. Y lo mismo ocurrió en los dos siguientes gobiernos, de acuerdo con lo que ya se sabe de las delaciones de los brasileños. Y posiblemente esté sucediendo ahora mismo.

No hubo disuasión. Los sinvergüenzas consideraron que lo ocurrido con Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y sus cómplices era una excepción y que todo seguiría igual. Y, en cierto sentido, no se equivocaron, pues si por el sistema judicial peruano fuera, probablemente no hubiera pasado nada. Lo que no calcularon fue que en Brasil estallaría el escándalo Lava Jato, con las consecuencias que estamos viviendo.

Con la corrupción sucede lo mismo que con los delitos comunes, de poco sirven las abultadas penas y los controles si las posibilidades de ser atrapado y sentenciado son mínimas. Los potenciales delincuentes consideran que vale la pena correr el pequeño riesgo.

En suma, para que se produzca una verdadera regeneración en el Perú tendrían que producirse cambios institucionales decisivos en el sistema judicial y la administración pública. Y no se están realizando. El llamado a impulsarlos era el gobierno. No lo hizo al comienzo y es muy improbable que lo vaya a hacer ahora o en el futuro.

Mi respuesta entonces a la pregunta del título ¿Cambiará la corrupción en el Perú?: no creo. Si antes no cambió, no hay razón para que suceda ahora.

Lo que sí se puede lograr es que los corruptos más encumbrados de los tres últimos gobiernos paguen sus culpas, cosa que no necesariamente acontecerá. Pero por lo menos a eso deberíamos aspirar. Para eso se requiere la presión de la calle, de los medios de comunicación y de los políticos que, por lo general, no actúan movidos por auténticos impulsos anticorrupción, sino por revancha y para ganar votos.