Corrupción en campaña, por Alfredo Torres

Dentro de un año, el primer domingo de octubre del 2018, serán las elecciones regionales y municipales en todo el país. Se presentarán más de 100 mil candidatos para ocupar 12 mil puestos entre gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores en 2 mil circunscripciones. ¿Con qué ánimo irá la ciudadanía a votar en un país con tres ex presidentes, 15 gobernadores y ex gobernadores y más de 500 alcaldes y ex alcaldes procesados o sentenciados por corrupción, lavado de activos, colusión agravada y hasta asesinato?

De acuerdo con la X Encuesta sobre Corrupción, efectuada por Ipsos por encargo de Proética, la preocupación de la población por la corrupción como uno de los principales problemas del país ha pasado de 26% en el 2004 a 52% este año; y la convicción de que la corrupción es el principal problema del Estado peruano se ha incrementado de 49% en el 2006 a 62% en la actualidad. La encuesta que se difundió esta semana revela también que la población cree que 77 de cada 100 congresistas son corruptos. Quizá esta percepción y otras sean injustas, pero nadie puede pretender negar seriamente que los políticos peruanos –de viejo y nuevo cuño– se encuentran profundamente desprestigiados.

La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Úrsula Letona, ha señalado que es urgente aprobar un conjunto de reformas electorales en los próximos 30 días de manera que puedan regir en las elecciones del 2018, dejando para después hacer las reformas más profundas. Es un enfoque acertado, dada la premura del tiempo. Pero si es así, entonces esta primera fase de la reforma electoral debe focalizar sus esfuerzos en que podamos elegir autoridades honestas dentro de un año.

Para empezar, es necesario prohibir que postulen personas que hayan sido sentenciadas, así hayan cumplido su condena, por delitos graves de corrupción, terrorismo y homicidio. Actualmente, un abogado que haya cumplido una condena por un delito doloso no puede ser juez ni un profesor que haya cumplido condena por delito sexual puede volver a enseñar. Del mismo modo, una persona que haya atentado contra el Estado no puede pretender aspirar a un cargo público. Un ex narcotraficante puede ser muy simpático y contar con los recursos para ganar una elección, pero eso no lo califica para ser una buena autoridad.

Pero el tema de fondo es impedir el ingreso del dinero de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos a las campañas. En el Congreso se viene estudiando obligar a que los aportes por encima de una UIT (S/4.050 actualmente) sean bancarizados; y que el tope a los aportes de las actividades proselitistas sea de 250 UIT (algo más de un millón de soles). Ambas iniciativas son positivas pero insuficientes. Si un candidato hace una actividad de recaudación cada día (digamos, una “rifa” o un “coctel”) podría recaudar 30 millones de soles al mes de miles de supuestos aportantes sin infringir la ley. La única manera de evitar este abuso es poner un tope a esa fuente de financiamiento. Por ejemplo, que no más del 20% de los ingresos de campaña provenga de actividades masivas de recaudación de fondos.

Por último, es indispensable combatir la impunidad. Los partidos que incumplan estas normas deben ser drásticamente sancionados. No solo con la exclusión del candidato o una multa que muchos nunca pagan sino también con el retiro del partido del padrón electoral. Por lo menos para aquellos que no paguen sus multas o incurran en comportamientos dolosos como registrar aportes de testaferros.

Necesitamos partidos fuertes que postulen candidatos honestos a los cargos públicos. No solo para evitar que estos cargos se disputen como un botín sino también para que la ciudadanía se sienta mejor representada. Por ejemplo, no es saludable para el país que los gobiernos nacionales se vean obligados a negociar con autodenominados “frentes de defensa” que imponen su voluntad mediante la violencia social ante cualquier proyecto de gran inversión. Marginar a los “frentes de defensa” solo será posible cuando los partidos nacionales y regionales recuperen su legitimidad.

La reforma electoral es la madre de todas las reformas. Solo con autoridades más honestas podrá recuperar la ciudadanía la confianza en el Estado y la democracia. Solo con autoridades nacionales, regionales y municipales íntegras mejorará la gestión pública y la calidad de vida de los peruanos.