Corrupción a diestra y siniestra, por Alfredo Torres

“Y total corrupción hay en todos lados. Y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados…”, decía la inolvidable canción “Las Torres” de la banda Nosequién y los Nosecuántos. Las revelaciones, esta semana, de lo que serían millonarios aportes de empresas brasileñas a la campaña por el No de la ex alcaldesa Susana Villarán, de sospechosos contratos del ex ministro de Defensa Mariano González y de otra gran coima que habría recibido el ex presidente Alejandro Toledo, no pueden sino llevarnos a recordar el éxito musical de 1991: “Y total corrupción hay en todos lados…”.

Algunos se preguntan por qué la ciudadanía ha reaccionado con pasividad a estos hallazgos. La razón es que a muy pocos les han sorprendido. En enero de este año, cuando estalló el Caso Lava Jato en el Perú, la encuesta de Ipsos/El Comercio preguntó a la opinión pública si creía que diversos líderes políticos habían recibido coimas y las respuestas fueron abrumadoramente mayoritarias. En el caso de Villarán, 79% pensaba que era corrupta; en el caso de Toledo, 94%. No es extraño, entonces, que ahora la población reciba las denuncias sin mayores aspavientos.

La situación, sin embargo, es muy grave y entraña dos graves riesgos. El primero, que las denuncias contra dirigentes de casi todas las tiendas políticas del país lleven a un pacto de encubrimiento mutuo que sí sería socialmente explosivo. El segundo, que se produzca una solicitud de vacancia presidencial por “incapacidad moral” contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski si se descubre que ocultó alguna información de su relación con Odebrecht, así no haya incurrido en una conducta ilegal.

El director de El Montonero, Víctor Andrés Ponce –uno de los pocos analistas políticos que los fujimoristas respetan–, escribió esta semana en contra de un adelanto de elecciones. La tesis de Ponce es que al fujimorismo le conviene aparecer como garante de la democracia y que “todos los dioses antinaranjas; desde Toledo y Humala hasta Villarán […] sean procesados y sentenciados”. La preocupación de Ponce se sustenta en que no todos los fujimoristas piensan así. Algunos creen que deben usar su amplia mayoría parlamentaria para tomar todo el poder.

Las revelaciones de esta semana sobre las investigaciones que viene desarrollando la fiscalía contra sospechosos de diferentes fuerzas políticas deberían llevar a Fuerza Popular a dejar sin efecto su absurda pretensión de destituir al fiscal de la Nación Pablo Sánchez. La verdad es que el Caso Lava Jato es mucho más grave para Toledo, Humala y Villarán, donde existen serios indicios de que las contribuciones de campaña de las empresas brasileñas fueron retribuidas con contratos lesivos para el país, que para Keiko Fujimori, ya que los aportes de campaña que habría recibido no habrían tenido el mismo efecto pues ella no llegó al poder.

Por lo tanto, de persistir Fuerza Popular en el despropósito de destituir al fiscal, la explicación más plausible no sería el Caso Lava Jato sino el proceso contra su ex secretario general Joaquín Ramírez. Como se recordará, el caso Ramírez saltó a la luz en vísperas de la segunda vuelta electoral cuando un informante de la DEA declaró que Ramírez le contó que Keiko Fujimori le había confiado 15 millones de dólares para ser lavados a través de sus empresas. Si Fuerza Popular derriba al fiscal Sánchez, la percepción de la ciudadanía sería que dicha declaración tiene pleno sustento.

Si los fujimoristas quieren contribuir verdaderamente a la democracia y no a demolerla, lo primero que deberían hacer es aprobar una reforma electoral que impida realmente el ingreso de fondos indebidos a las campañas y que permita que se conozca con transparencia la inversión publicitaria de cada candidato. Si no lo hacen, organizaciones corruptoras y el narcotráfico serán los grandes patrocinadores en las elecciones regionales y municipales del próximo año.

Y si quieren contribuir al desarrollo del país y no a paralizarlo, deberían dejar de aprobar normas populistas, como la inconstitucional ley de pensiones de militares y policías; la prohibición de la leche en polvo; la ley de cabeceras de cuenca; o el proyecto de ley que podría llevar a la quiebra a la empresa Graña y Montero y a sus proveedores. En cambio, podrían impulsar leyes que favorezcan la creación de empleos y la formalización de muchos emprendedores que en algún momento fueron parte de su base política y que hoy están desconcertados.

“Un solo Perú, no más cuerdas separadas”, es el lema del CADE que se inaugura la próxima semana. Se refiere al hecho de que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo institucional y social. En cambio, donde sí debe haber cuerdas separadas es entre la política y la administración de la justicia. Es indispensable que los políticos respeten la autonomía de la fiscalía y el Poder Judicial.