¿Corrupción positiva? ¡Vamos hasta el fondo!, por José Ugaz

En un artículo publicado en este Diario (“¿La corrupción favorece el crecimiento de las economías?”) se informa que nuevas investigaciones realizadas en Asia y en América Latina sugieren que la corrupción puede tener un lado positivo. 

Los estudios en mención, aunque incipientes, no respaldan la percepción de que la corrupción impide el crecimiento económico. En uno de ellos, inclusive, se sostiene que la corrupción tiene un impacto positivo en el desempeño de las empresas, pues cuando sobornan sus ganancias tienden a incrementarse y, además, permiten “aceitar los engranajes” de las trabas burocráticas. 

Al respecto, cabe señalar que los hallazgos y afirmaciones realizados por los investigadores pueden ser parcialmente ciertos, pero planteados de la forma en que lo hacen llevan a conclusiones equívocas. 

En efecto, la corrupción puede ir aparejada de crecimiento económico. Pero a su vez genera una serie de efectos negativos como el enriquecimiento de unos cuantos a costa de la mayoría (inequidad), la evasión tributaria –que implica menores recursos para redistribuir en servicios públicos a los más necesitados–, la corrosión de la administración pública y el socavamiento de la gobernabilidad, entre otros.  

Es evidente que estos “costos” no necesariamente se miden macroeconómicamente, y que sus consecuencias negativas son largamente más perjudiciales que sus supuestos “beneficios”. 

Hace unos días, la directora ejecutiva del FMI ha anunciado que la corrupción será considerada, junto a la gobernanza, como parte del diagnóstico y las recomendaciones en sus informes anuales de los países. Ello quiere decir que el FMI puede empezar a establecer condicionales al momento de prestar dinero en los países en que no haya un buen desempeño en el control de la corrupción. 

Los técnicos del FMI han concluido que, a mayor corrupción, menor crecimiento. Sin embargo, el fondo solo intervendrá en aquellos casos en los que exista un riesgo macroeconómico; es decir, cuando las vulnerabilidades en materia de gobernanza y corrupción sean lo “suficientemente severas” como para perjudicar la estabilidad del país (llama la atención que, mientras no identifique este riesgo, el FMI esté dispuesto a prestar dinero a gobiernos corruptos, tolerantes o indiferentes con la corrupción, sabiendo que se van a desviar los fondos para el beneficio de unos cuantos y que, al final, la deuda la pagará el resto de ciudadanos, especialmente los más pobres). 

Enfocarse en el “riesgo macroeconómico” es equivocado, pues distorsiona la percepción del daño social que ocasiona la corrupción. Cuando se analiza la economía desde una perspectiva global, con indicadores como balanza de pagos, empleo, bienes y servicios producidos e ingreso, se puede obtener una foto que no se condice con la realidad en términos del perjuicio que ocasiona la corrupción. Puede darse el caso de que los indicadores macroeconómicos sean positivos, pero que haya un real deterioro social como consecuencia de la gran corrupción que afecta a un país. 

Ese es precisamente el caso del Perú. Según el Banco Mundial, nuestro país es uno de los que más ha crecido en Latinoamérica en la última década (3,8% en promedio), pero –a la vez– el INEI sostiene que el año pasado la pobreza aumentó en un punto porcentual (370.000 nuevos pobres). Además, también de acuerdo a información del Banco Mundial, todavía un 66% de los pobres se encuentra entre la población rural y la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en los últimos diez años. 

Esta es una muestra de cómo un país que padece severos problemas de corrupción puede mostrar indicadores macroeconómicos positivos. Esto a pesar de que para muchos de nosotros resulta obvio que la corrupción solo ha generado nefastas consecuencias para el país; enfriando la economía, paralizando las grandes obras de infraestructura, empujando al borde de la quiebra a numerosas empresas (con el consiguiente desempleo de decenas de miles de personas), y desestabilizando al gobierno.  

Ahora que el FMI se ha ofrecido a evaluar el impacto de la corrupción en la macroeconomía de los países que lo pidan, sería una gran cosa que nuestro gobierno, siguiendo el ejemplo de Austria y República Checa (que ya lo hicieron), requiera ese examen para saber objetivamente cómo nos está afectando la corrupción. Al menos en ese ámbito.