La crisis política sigue abierta, por Carlos Basombrío

Algunos han visto, en el otorgamiento de la confianza al Gabinete de Salvador del Solar, el fin de una crisis política complicada, que se inició el día de la sorpresiva visita del presidente Vizcarra al Congreso, protestando por el archivamiento del proyecto para reformar la inmunidad parlamentaria.

Más bien, por la forma en que se dio la confianza se ha abierto otro escenario; uno que puede ser aun más complicado de manejar por unos y otros.

La mayoría de los congresistas que participaron en el debate y que votaron a favor o en contra de la confianza fueron enfáticos en sostener que el pedido, tal cual había sido concebido era inconstitucional; que ponerles plazos y exigirles no distorsionar la esencia de lo que se pedía era inaceptable. No recuerdo más de dos o tres congresistas que hayan argumentado completamente a favor de lo pedido por Del Solar.

Sin embargo 77 votaron a favor de la confianza. Una decisión pragmática para mantenerse como congresistas hasta el 2021 a cualquier precio. El salario, el boato y para no pocos la inmunidad (que solo les dura hasta un mes después de dejar el cargo) fueron las razones de muchos. Total –se dirán– ya más bajo no podemos caer ante los ciudadanos.

Si la confianza tiene motivaciones subalternas, qué decir de la decisión de los dos bloques de izquierda, que dicen estar de acuerdo con las reformas, pero que votaron contra ellas, para ver si conseguían acercarse a su verdadero objetivo: una mayor crisis institucional que obligue a adelantar elecciones y a una Asamblea Constituyente.

¿Las tiene todas consigo el gobierno? El presidente ya no tiene la fuerza del 2018. Ha perdido al menos 22 puntos de aprobación en las encuestas y su capacidad de gestión en temas claves viene siendo cuestionada fuertemente. Los meses que desperdició –dicen que cavilando sobre si lanzarse a fondo con las reformas políticas– trataron de ser compensados con un pedido de confianza bastante audaz y que generó polémica. El hecho de que la mayoría de los especialistas en temas constitucionales haya coincidido con la mayoría en el Congreso en la inconstitucionalidad de la propuesta pone en una situación difícil al gobierno.

Lo que ha venido sucediendo desde entonces era bastante previsible. En la Comisión de Constitución se ha hecho ya evidente que en varios de los temas, la opinión de la mayoría del Congreso está muy distante de las propuestas del gobierno. Hasta lo fácil (prohibir condenados en primera instancia), se ha hecho difícil.

Peor va a ser, en el tema de primarias abiertas y probablemente también en el nuevo mecanismo para inscripción y cancelación de partidos. Será difícil que el “exclusivo” club de los partidos que tienen inscripción (y que con las reglas actuales la pueden guardar per sécula seculorum) abra las puertas a otros y a la vez se sometan al requisito de los 14.000 militantes. En el Congreso solo superan esa valla el Apra, AP, APP y los conseguiría sin mayor dificultad el fujimorismo. Los 19 restantes tendrían que hacer malabares.

Si los cambios arriba mencionados no se producen, tampoco van a aceptar la eliminación del voto preferencial. Y otro objetivo gubernamental que ya se vislumbra como difícil de conseguir es el de la paridad de género.

¿Qué puede salir al final de la legislatura el 25 de julio? Me parece imposible que el “núcleo irrenunciable de propuestas de reforma” como las formuló Del Solar en su carta, se apruebe tal cual.

Desde mi punto de vista la pregunta clave es la de cuánta distancia habrá entre lo que se apruebe y la propuesta gubernamental. Mientras más sea, mayor será para el gobierno el costo político de dejar de hacer, lo que dijo iba a hacer; a saber, considerar que en la práctica la confianza fue denegada y cerrar el Congreso. Si los cambios van incuestionablemente en contra de mucho de lo pedido o si termina la legislatura faltando bastante por debatir, se podría producir un desenlace complicado: un presidente disolviendo el Congreso por denegarla de facto y un Congreso vacando simultáneamente al presidente por disolverlos de una manera que consideran inconstitucional y mucho más grave, que afecta la estabilidad laboral.

Sería un escenario de crisis institucional que nunca hemos vivido y pésimo para el país.