Estado crítico, por Patricia del Río

El ahora ex presidente del Congreso Luis Galarreta decidió que el derecho a tener auto, chofer, gasolina y un suboficial de la policía se
les extendiera por un año más a los miembros de la Mesa Directiva, a pesar de que sus funciones habían terminado. ¿Por qué tanto privilegio?, nos preguntamos. Pues porque “siempre se ha hecho así”,
fue la insólita respuesta del congresista Galarreta. Hasta ahora nadie ha logrado explicarnos por qué nuestras autoridades tienen estos privilegios en lugar de padecer las miserias del tráfico como cualquier ciudadano.

El juez Supremo César San Martín llamó al ex magistrado Walter Ríos para que le agilizara un trámite en el Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque tiene el poder y los contactos necesarios para hacerlo, y porque, claro, siempre es más fácil levantar el teléfono para que te hagan un favorcito personal que luchar por construir un Poder
Judicial que responda a las necesidades de todos los ciudadanos en los tiempos establecidos.

El nuevo presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, reconoció que hay salas que se caracterizan por tener un largo récord de absoluciones en delitos de tráfico de drogas, lavado de
activos, corrupción y financiación del terrorismo. ¿Por qué recién lo notan si las sentencias son públicas? Pues porque los audios han puesto en evidencia una corrupción que estaba en las narices de todo el sistema de justicia y como ya no pueden hacerse los de la vista
gorda han decidido indignarse.

En el distrito de San José de Ushua, un pueblo de 150 personas ubicado en la provincia de Páucar del Sara Sara, Ayacucho, más de 50 personas se intoxicaron al comer sopa y estofado contaminados con pesticidas. El hecho ocurrió el lunes a las 7:30 p.m. A las 7 de la mañana del día siguiente ya había nueve muertos. Recién a las 10 de la mañana pudieron evacuar a Arequipa a los que se encontraban en
estado crítico. ¿Por qué no se logró salvar más vidas? Pues porque en San José de Ushua solo hay una posta con un médico que no tiene los medicamentos necesarios ni la capacitación para atender una intoxicación por pesticidas. Porque cuando la emergencia ocurre en un pueblo perdido a más de 3 mil metros de altura el Estado no funciona, el ciudadano no existe.

La joven Arlette Contreras, a la que Adriano Pozo arrastró de los pelos y pateó en un hostal, nunca alcanzó justicia. A pesar de las espantosas imágenes que todos vimos, a su agresor le dieron un año de prisión suspendida. ¿Por qué tanta injusticia y ensañamiento? Pues porque
la familia Pozo es muy poderosa en Ayacucho y cuando Arlette pidió que su caso fuera visto en Lima para asegurar imparcialidad, el famosísimo juez Hinostroza le negó el pedido. Actualmente Arlette
sigue luchando porque su caso se vea en la capital pero nadie le hace caso. “Estoy agotada”, fueron sus palabras hace unos días cuando la entrevisté.