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Una discusión de nunca acabar, por Luis Lamas Puccio

“Un caso similar, como el incendio de Mesa Redonda ocurrido en el 2001, terminó hace no mucho con una sentencia inverosímil por su nula efectividad”.

Luis Lamas Puccio Abogado penalista

Giovanni Tazza

"Se dirán muchas cosas sobre las causas y responsabilidades de parte de los que, por omisión o comisión, hicieron posible que se suscitara este siniestro" (Ilustración: Giovanni Tazza)

"Se dirán muchas cosas sobre las causas y responsabilidades de parte de los que, por omisión o comisión, hicieron posible que se suscitara este siniestro" (Ilustración: Giovanni Tazza)

"Se dirán muchas cosas sobre las causas y responsabilidades de parte de los que, por omisión o comisión, hicieron posible que se suscitara este siniestro" (Ilustración: Giovanni Tazza)

El incendio en la zona conocida como Las Malvinas, en el que perdieron la vida dos jóvenes cuyos restos fueron encontrados en uno de los contenedores instalados irregularmente en la azotea del edificio, sumado a los cuantiosos daños materiales y económicos que hasta la fecha son imposibles de calcular por la cantidad de productos que se encontraban almacenados, plantea serias dudas sobre una respuesta adecuada y convincente de parte de nuestro sistema normativo e institucional. Concretamente, en lo que se refiere a establecer responsabilidades en materia individual, societaria y funcional frente a tragedias de esta naturaleza (que cada vez son más frecuentes y calamitosas).

Sin desmedro de los peritajes que se lleven a cabo para verificar si el fuego y la muerte de las víctimas fueron causados por negligencia, dolo, impericia, ignorancia, indiferencia, culpa o simplemente una omisión culposa, la única manera que permite la ley para dilucidar responsabilidades es a través de un proceso judicial en el que cada parte haga valer sus derechos.

La dificultad principal que afrontan estos procesos no es solo la de individualizar las responsabilidades penales respecto a delitos como homicidio (simple, calificado o por negligencia), encubrimiento, corrupción, exposición o abandono de personas en peligro, secuestro, peligro común, contra la salud pública, asociación ilícita, contaminación ambiental, responsabilidad funcional e información falsa; sino más bien el tiempo que duran los juicios en nuestro país, que hace –en la práctica– casi imposible que los agraviados puedan ver sanciones o reparación civil alguna.

Años de largos juicios, infinidad de diligencias, apelaciones, nulidades, fallos contradictorios y reiterados nuevos procesos (dependiendo de la imaginación de los fiscales, jueces y abogados que intervengan) pronostican que pasarán varios años hasta que se obtenga una sentencia. Igual, se requiere cierta capacidad económica para afrontar un proceso de esta naturaleza, porque, aunque la ley señala que la justicia penal es gratuita, por su duración la práctica requiere recursos económicos significativos para una controversia de este tipo.

Un caso similar, como el incendio de Mesa Redonda ocurrido en el 2001, terminó hace no mucho con una sentencia inverosímil por su nula efectividad, a pesar de que en el siniestro, según cifras oficiales, murieron 277 personas y hubo más de 500 heridos –sin contar a los que nunca se encontraron–, y se produjeron daños económicos que perjudicaron sobre todo a los más pobres.

Así también, el incendio en la discoteca Utopía en una de las mejores y más seguras zonas de Lima (Jockey Plaza) en el 2002, que operaba sin autorización de Defensa Civil, y en el que fallecieron 29 jóvenes envenenados a causa de los gases emitidos al quemarse material plástico, devino en un proceso judicial que, después de casi 15 años, continúa en trámite, mientras uno de los involucrados sigue con orden de captura internacional.

Se dirán muchas cosas sobre las causas y responsabilidades de parte de los que, por omisión o comisión, hicieron posible que se suscitara este siniestro: que los locales no eran propios sino de terceros, que funcionaban sin licencia, que eran de propiedad de una empresa, que no cumplían con las normas en materia de seguridad, que los bomberos no tenían implementos y que las víctimas no solo estaban encerradas con candado sino que además eran explotadas en condiciones infrahumanas. Sin embargo, el paso del tiempo hará que nos olvidemos de lo sucedido más rápido de lo que imaginamos, hasta que vuelva a suscitarse un siniestro de la misma o peor naturaleza con el que reviviremos una discusión que no tiene cuándo acabar.

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