El fiscal en la mira, por Gino Costa

Ocurrió lo que se temía. Ramos Heredia sucederá a Peláez Bardales al frente de la Fiscalía de la Nación. Su elección parecía cantada, aunque se abrigaba la esperanza de que, al final, los fiscales supremos no le darían la espalda al país, que demanda un liderazgo sin tacha al frente de la institución clave para la investigación y persecución del crimen.

Ramos y Peláez tienen serios cuestionamientos por su sospechosa conducta en los casos Sánchez Paredes y César Álvarez, el presidente regional de Áncash. Las investigaciones periodísticas sobre el asesinato de Ezequiel Nolasco han estremecido a la opinión pública, entre otras cosas por la red de complicidades tejida por Álvarez, que llegan a las más altas esferas del Ministerio Público, desde donde ambos destituyeron y persiguieron a fiscales que investigaron la corrupción.

La magnitud de la inconducta fue tal que el propio Peláez tuvo esta semana que hacer un mea culpa público por haberle fallado a los ancashinos, lo que, por supuesto, no impidió que dos días después votara por su cuestionado sucesor. El desencanto con la actual situación en el Ministerio Público ha llevado a que se haga el paralelo con la época en que era dirigido por Blanca Nélida Colán, su peor momento en sus casi 35 años de historia.

La crisis de legitimidad generada por los sucesos de Áncash no ha impedido la elección de Ramos, pero sí ha llevado al fiscal de la Nación a encargar las investigaciones a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, que coordina Jorge Chávez Cotrina, que despacha en Lima y tiene competencia nacional.

En medio del desconcierto, esta es una buena noticia, porque el último año esta fiscalía, con el apoyo de agentes de la Dirección de la Investigación Criminal de la Policía ha desarticulado importantes bandas criminales en la costa norte del país. Es, quizá, el mejor instrumento hoy para enfrentar al crimen organizado. El primer desafío de Ramos –asumirá el 12 de mayo–, será garantizar su independencia y no entrometerse en sus investigaciones.

La otra buena noticia es que el procurador anticorrupción Christian Salas ha urgido a la fiscalía a que solicite de inmediato la captura de César Álvarez. A su juicio, existen suficientes elementos probatorios contra él, peligro de fuga y la sospecha de que podría destruir nuevos elementos incriminatorios. Oportunidad ideal para que el Poder Judicial, hasta ahora protector de Álvarez, comience a despercudirse.

También ha sido muy saludable la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de congelar las cuentas de la región, así como la auditoría decretada por la contraloría, cuyos resultados habrá que esperar para saber si el despliegue masivo ordenado será de alguna utilidad.

¿Será suficiente todo lo anterior para recuperar el tiempo perdido? Por supuesto que no, pero aunque tarde son los primeros pasos en el camino correcto. Habrá que ver si son flor de un día o se sostienen en el tiempo y permiten esclarecer el modus operandi criminal en Áncash y las responsabilidades penales correspondientes.