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Gracias, Tamar Arimborgo, por Andrés Calderón

"Al criminalizar las expresiones equivocadas se impide el aprendizaje que tanto ideas buenas como malas generan".

Andrés Calderón Abogado y periodista

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(Foto: Archivo El Comercio)

"Porque es más lo que perdemos que lo que ganamos con la criminalización de la expresión. Porque hasta del error se aprende". (Foto: Archivo El Comercio)

(Foto: Archivo El Comercio)

“Si hay crímenes de odio, tal vez hay crímenes de amor también”. Póngase una mano al pecho, querido y escéptico lector, y dígame si esta frase de la congresista Tamar Arimborgo no sacudió un poquito sus bases conservadoras.

¿Alguna vez cambia de opinión, prudente lector? ¿Qué lo lleva a hacerlo? ¿Le ha pasado que creía en algo (o creía que lo creía), pero luego leyó o escuchó sostener lo contrario a alguien a quien usted respetaba? ¿Eso no lo motivó, por lo menos, a dudar de su postura inicial y, quizá, a informarse un poquito más para confirmar o descartar su juicio original?

A mí me sucede. Muchas veces, de hecho. De eso se trata el aprendizaje a través del ejemplo. Pasa en los aspectos más cotidianos de la vida. Todos tenemos una manera de trabajar, un sistema para llevar las cuentas de nuestros gastos domésticos, un método para comer una manzana, un estilo para jugar al fulbito… hasta que algo o alguien nos muestra otra forma.

Ahora imagine, lúcido lector, que usted será sancionado por cada ocasión en la que corrija sus pasos. Cárcel por cometer un error. ¿Un poco duro, no? Si cada equivocación que cometo es penada, mejor no hago nada, ¿cierto? Suponga ahora que corregimos un poco la regla. No se sanciona el error de buena fe, sino solo el adrede y malintencionado, para lo cual un juez distinguirá entre errores inocentes y dolosos. ¿Más tranquilo? No tanto, ¿verdad? Si el juez se equivoca, termino en prisión, temerá usted.

¿Quién viviría en un lugar así, donde el error se castiga con la pérdida de la libertad? Usted y yo.

Nuestro Código Penal, probablemente con buenas intenciones pero peligrosos métodos, criminaliza –preocupantemente– hasta 18 formas de expresión que se consideran falsas, equívocas u ofensivas.

En los párrafos precedentes, he tratado de ilustrar las principales razones para despenalizar los delitos de expresión: los altísimos costos del error en el juzgamiento y el desincentivo para la expresión y el aprendizaje que este genera.

Al criminalizar las expresiones equivocadas se impide el aprendizaje que tanto ideas buenas como malas generan. La sociedad pierde conocimiento cuando las buenas ideas son desalentadas por el temor a que alguien (un juez) las encuentre erróneas y las sancione. Pero también se pierde el aprendizaje que las malas ideas producen.

Le voy a contar un secreto, confidente lector. Cuando abordo un tema coyuntural en una columna, reviso si mi argumento central coincide o no con las opiniones de ciertos congresistas. Si hay armonía, dudo. Es una señal de alerta. Es un filtro muy útil el del mal ejemplo.

Creo, por ejemplo, que además de los De Belaunde, Kenji, Glave y Bruce, Carlos Tubino y Julio Rosas también han contribuido mucho a la causa de la igualdad de género. Seguramente esto me ganará un “¡farsante!” en Twitter, pero creo que su (mal) ejemplo visibiliza los problemas de una sociedad desinformada y sin empatía, y ayuda a que siquiera unos cuantos duden y, con suerte, enmienden su forma de pensar.

Me preocupa el delito de difamación, me preocupa que se quiera sancionar las llamadas ‘fake news’, me preocupa el delito de apología en general, y también esa parte del derogado Decreto Legislativo 1323 que ponía un agravante al delito de discriminación que se realizaba “a través de Internet u otro medio análogo”.

Porque es más lo que perdemos que lo que ganamos con la criminalización de la expresión. Porque hasta del error se aprende.

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