Keiko no es Nadine, por Andrés Calderón

No hace falta ser nacionalista para exponer los argumentos que hacen cuestionable la prisión preventiva dictada contra Ollanta Humala y Nadine Heredia (por las debilidades de la resolución judicial en lo que al peligro procesal refiere), incluso cuando se crea que la sentencia final será condenatoria, como lo explicó nítidamente Federico Salazar en esta página hace una semana.

Tampoco se necesita ser fujimorista para notar que el caso de Keiko Fujimori y su aparente vínculo con la constructora brasileña Odebrecht dista, y mucho, del caso de los Humala-Heredia.

Empecemos por las coincidencias. Marcelo Odebrecht, en abril de este año, afirmó ante un juez brasileño que su empresa destinó dinero (US$3 millones para ser exactos) a la campaña nacionalista del 2011. El mismo Odebrecht, en una entrevista con fiscales peruanos en mayo de este año, comentó que, sin saber exactamente la magnitud, sí aportaban dinero a las campañas de los principales candidatos en todas las elecciones, y “con seguridad” en las del 2011 debieron “haber apoyado a Keiko”. Tanto Humala y Heredia como Fujimori han negado la recepción de aportes de Odebrecht y otras constructoras brasileñas.

Ahora las diferencias. Sobre Keiko Fujimori no pesan todos estos indicios que sí recaen sobre los líderes del nacionalismo: No ha habido confirmación de la entrega de dinero, ni la cantidad. No se conoce aún la información que podría dar Jorge Barata, quien fuera el máximo representante de Odebrecht en el Perú y, por ejemplo, atestiguó haber entregado dinero a Nadine Heredia en la mano y en su departamento. Tampoco hay indicios que involucren directamente a la lideresa de Fuerza Popular con el ocultamiento o conversión del dinero de origen ilícito (como, por ejemplo, los contratos simulados con Apoyo Total y las transferencias a la ONG Prodin que se le imputan a Nadine Heredia). Y todo ello sin contar las evidencias del caso de la campaña electoral del 2006, en el que se le imputa al nacionalismo recibir el financiamiento ilegal del chavismo venezolano.

¿Entonces, Keiko es inocente? No lo sabemos. Esto recién empieza y hay mucho por investigar. Pero, a estas alturas, plantear una equivalencia entre los dos casos no se sostiene, más allá de los deseos y antipatías hacia Fujimori de quienes proponen dicha tesis. Están, por otro lado, los escuderos de Keiko que intentan victimizarla con absurdos discursos como el de que ella “es investigada desde hace 17 años”… como si se tratara de un solo caso.

En el medio estamos la gran cantidad de ciudadanos que queremos conocer la verdad (el 76% de los que conocen el caso cree que la fiscalía debe investigarla). Y hacerle el juego a cualquiera de los dos extremos interesados y sin sustento contraviene nuestros intereses. Porque, como lo dije hace un tiempo en esta misma columna, cuando todos son culpables, nadie realmente lo es.

A estas alturas, deberían ser muy conscientes en el Ministerio Público de que la mayor similitud con la investigación brasileña del Lava Jato estará en el lado de las presiones políticas que van a sufrir, tanto para acusar a unos como para exculpar a otros. Y que les resulta indispensable el apoyo de la opinión pública para resguardar su labor. Celeridad (demorarse 48 días en corroborar la información que había soltado IDL-Reporteros respecto de la famosa anotación sobre Keiko es un lujo que no pueden darse), transparencia (conocer más de los términos del acuerdo con Odebrecht se va convirtiendo en un imperativo) e igualdad ante la ley (no pueden parecer activistas en un caso y mostrarse escuetos y nerviosos hablando de otro) son sus armas, y las necesitarán para investigar a políticos, incluyendo a la principal fuerza del Congreso. Recuerden: Keiko no es Nadine.