Lava Jato en el Perú, por Alfredo Torres

Las primeras confesiones de corrupción hechas por la empresa Odebrecht y la captura de algunos implicados están generando una creciente indignación en la opinión pública que se pregunta cuándo caerán los peces gordos. Teniendo en cuenta que Jorge Barata –el ex mandamás de Odebrecht en el Perú– ya se acogió a la “delación premiada” y que directivos de otras empresas brasileñas le están siguiendo los pasos para reducir sus penas a cambio de información, es muy probable que antes de Fiestas Patrias tengamos a por lo menos un ex presidente de la República preso o con orden de captura internacional. 

En el camino, el monumental proceso anticorrupción se llevará de encuentro –con la fuerza de un huaico– a ex ministros que irán a prisión, políticos que verán terminadas sus carreras al conocerse el turbio origen del dinero de sus campañas, empresas peruanas que perderán su prestigio y mucho dinero por haberse asociado con las empresas corruptoras y hasta periodistas cuya imagen se verá mellada, como los involucrados en el bochornoso incidente de IPYS y el desmedido auspicio recibido de Odebrecht. 

Mientras la fiscalía y la procuraduría hacen su trabajo, corresponde al Congreso y la sociedad civil rastrear los orígenes de esta megacorrupción en el Perú con el objetivo de que no se vuelva a repetir más adelante. Si bien los detalles serán materia de muchos trabajos de historiadores y latinoamericanistas en el futuro, la información que ya se conoce a partir del periodismo de investigación permite entender que este no fue un hecho fortuito, sino que formó parte de una política de Estado en la cual el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva jugó un rol central.

Como se sabe, la megacorrupción saltó a la luz en medio del proceso conocido en Brasil como Lava Jato, mediante el cual se descubrió una virtual alianza entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el gremio de empresas de construcción que hacían obras para la empresa petrolera estatal Petrobras. Del sobreprecio pagado por esas obras salían coimas para los políticos brasileños, el PT e, indirectamente, para los partidos de izquierda afiliados al Foro de Sao Paulo. Este foro fue fundado en 1990 por Lula y Fidel Castro, ante la evidencia de que, con el fin de la Unión Soviética, que por décadas había financiado a los partidos comunistas en el mundo, los partidos de izquierda de la región tenían que encontrar su propio camino y recursos.

Si bien empresas como Odebrecht ya estaban en el Perú desde hacía tres décadas, el problema para nuestro país se potencia cuando Lula asume la presidencia de Brasil en el 2003. A partir de ese momento, la penetración de las empresas constructoras brasileñas y sus métodos ilícitos de hacer dinero se extendieron por la región bajo el padrinazgo del propio Lula. Las interesadas colaboraciones para las campañas electorales, las coimas para ganar las licitaciones y el abuso de las adendas a los contratos para multiplicar el costo de las obras fueron algunas de sus artimañas. 

Una de las estratagemas más abusivas fue el sobredimensionamiento de sus obras. Todo indica que el caso paradigmático de esta modalidad ha sido el gasoducto del sur. Un tema por investigarse acá es la relación entre Petrobras, que exploró el gas del Cusco entre el 2005 y el 2013, la elección presidencial de Humala el 2011 –bajo el padrinazgo de Lula, en lo que Fernando Vivas llama acertadamente Corrupción 2.0– y la concesión adjudicada a Odebrecht del gasoducto del sur peruano en el 2014, que habría sido supervisada por Nadine Heredia. El costo de esta obra había sido estimado inicialmente en 1.000 millones de dólares y finalmente fue adjudicada al “postor único” por más de 7.000 millones. 

Además de abocarse a estudiar los aspectos políticos del Lava Jato peruano –porque las responsabilidades penales deberían ser establecidas por el Poder Judicial– el Congreso debería empezar a trabajar en las normas para que este tipo de intervencionismo político no se vuelva a repetir. El plan de 32 propuestas de reforma del sistema electoral propuesto por la Asociación Civil Transparencia es un buen punto de partida. Se debe ampliar el financiamiento público a las campañas electorales para que este incluya propaganda electoral a cambio de poner límites al financiamiento privado. Se debe potenciar a los organismos electorales para que puedan estimar con precisión lo gastado por los partidos en sus campañas con el propósito de poder pedirles cuentas a los candidatos. Se debe sancionar drásticamente que capitales extranjeros auspicien campañas electorales. Es indispensable diseñar un sistema que haga muy difícil que la corrupción (y el narcotráfico) pongan dinero en las campañas electorales porque luego buscarán su malsana retribución en perjuicio de todos los peruanos.