Lava Jato: políticos en fuga, por Fernando Rospigliosi
Lava Jato: políticos en fuga, por Fernando Rospigliosi
Fernando Rospigliosi

Varios de los involucrados en el cobro de sobornos recientemente revelado en un acuerdo judicial de Odebrecht en Estados Unidos deben estar haciendo maletas para escapar, si es que no lo han hecho ya. El efecto de estas acusaciones sobre el sistema político será devastador.

Odebrecht ha reconocido el pago de 29 millones de dólares durante tres gobiernos (2005-2014). Sin embargo, el ex procurador anticorrupción y presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, afirma que “si sumamos el monto de contratos que han conseguido en el Perú, es muy probable que estos sobornos se disparen a una cifra muchísimo mayor”. (“Gestión” digital, 22.12.16). 

También falta saber cuánto pagaron las otras empresas brasileñas involucradas en el sistema de corrupción en su país y que también operaron en el Perú.

Como ha recordado El Comercio ayer, en archivos descubiertos a Camargo Correa en Brasil figuran las iniciales “JR” y el apellido “Toledo”, así como cifras de cantidades presuntamente pagadas como sobornos por la construcción de la Interoceánica durante el gobierno de Alejandro Toledo. También en papeles de esa empresa figura otro apellido, “García”, y cifras de dinero abonadas durante el gobierno de Alan García.

Documentos incautados por la policía brasileña a Odebrecht aluden a tres millones de dólares que habrían ido a parar a manos de un misterioso “OH” durante el gobierno de Ollanta Humala.

Como suele suceder, los grandes casos de corrupción no son descubiertos por las autoridades peruanas. Eso ocurre en el extranjero y luego repercute acá, lo cual es un indicativo de la debilidad, ineficacia o corrupción del sistema judicial peruano. Sucedió en el caso del tren eléctrico durante el primer gobierno de Alan García: las coimas pagadas por la empresa italiana se descubrieron en Italia y luego se revelaron algunos detalles acá.

Las primeras cuentas de Vladimiro Montesinos (48 millones de dólares) las encontró la justicia suiza y eso permitió empezar a desenmarañar parte de la madeja de la corrupción ocurrida durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En cualquier caso, lo que está descubriendo la justicia brasileña servirá para desenmascarar y –ojalá– sancionar a los pillos que se han llenado los bolsillos con sobornos que finalmente salen del dinero de todos los peruanos. 

De los tres gobiernos involucrados –Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala–, dos son de políticos nuevos, que fueron elegidos en buena medida porque se les suponía distintos a los “políticos tradicionales”, que muchas personas consideran corruptos. Igual sucedió con otro candidato desconocido, Alberto Fujimori, en 1990.

Lo que demuestra la experiencia, entonces, es que, hasta ahora, los nuevos rostros de la política no se diferencian de los antiguos, por lo menos en lo que a corrupción se refiere. Y, desgraciadamente, parece confirmar la idea generalizada de que todos los políticos son corruptos y que lo único que buscan es llegar al poder para enriquecerse ilícitamente.

Cuando se revelen los nombres de los que recibieron las coimas, es muy probable que ellos lo nieguen, con el usual desparpajo que tienen muchos políticos para mentir. Aunque no será tan sencillo demostrar judicialmente quiénes fueron los destinatarios finales de los sobornos, el descrédito de los políticos crecerá exponencialmente.

La corrupción entre los políticos peruanos está extendida a todos los niveles. Esta semana fue condenado otro ex gobernador regional, Yván Vásquez, mientras Gregorio Santos utiliza su libertad condicional haciendo campaña política en espera de la sentencia. Otra de las conclusiones que se extrae de la experiencia reciente es que la corrupción no tiene ideología ni bandera política. Roban los de izquierda y derecha, los liberales y conservadores.

Una de las recomendaciones de la comisión de integridad que presidió el ex defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega –lamentablemente perdida en una larguísima lista de propuestas– fue la creación de un sistema judicial especial anticorrupción, similar al que se instituyó en el 2000. Esa sería una medida eficaz para enfrentar la tormenta que se avecina, aunque parece que ni el gobierno ni la oposición tienen la intención de ponerla en práctica.

Lo que es indiscutible es que las revelaciones que vienen del Brasil tendrán un impacto fortísimo en la política peruana, produciendo un escenario impredecible en los próximos meses y años.