El ocaso de la impunidad, por Alfredo Torres

“Salvo el poder, todo es ilusión” decía Lenin en 1917. Su prédica inspiró a algunos de los dictadores más violentos del último siglo. Su expresión, sin embargo, no era tan original. En alguna medida era una actualización de la frase que Luis XIV habría dicho en 1655: “El Estado soy yo”. Han pasado varios siglos, pero la adicción al poder –conocida en la psiquiatría como síndrome de Hubris– ha seguido causando estragos en las sociedades. El Perú ha sido en las últimas décadas prueba fehaciente de que, incluso en democracia, muchos políticos están dispuestos a “vender su alma” para llegar al poder. Y luego se sienten con derecho a todo para conservarlo o volver a él.

Empresas como OAS y Odebrecht conocían muy bien esa debilidad y la empleaban en su beneficio, “invirtiendo” en campañas electorales y recuperando luego su “inversión” en sobrecostos de obras públicas. Al descubrirse esta corrupción en algunos países donde el poder está muy concentrado –como Venezuela– ha sido imposible investigar más. En otros, donde partidos poderosos controlan el sistema judicial, los procesos están teniendo avances muy limitados. O se han producido pactos cómplices para evitar la firma de convenios de colaboración o “delación premiada” que permitan que se entreguen pruebas y testimonios de la corrupción.

En el Perú, felizmente, se logró sacar adelante el convenio con Odebrecht y ahora sus frutos son evidentes. Esta semana el Ministerio Público formalizó la acusación penal contra Nadine Heredia y Ollanta Humala por lavado de activos. Esta semana también se solicitó la prisión preventiva contra Susana Villarán luego de conocerse que no solo había recibido dinero de Odebrecht, sino también de OAS, gracias a otro convenio de colaboración. La semana previa, Miguel Atala había confesado que era testaferro de Alan García, confirmando lo que había declarado Jorge Barata con respecto a Luis Nava y Atala. Y en las próximas semanas se formalizaría la acusación a Alejandro Toledo y Eliane Karp por el Caso Ecoteva, lo que aumentaría considerablemente sus posibilidades de extradición, según declaró el fiscal Rafael Vela.

Algunos políticos y analistas han creído ver en este proceso una suerte de conspiración contra la democracia de la que serían parte fiscales, policías, periodistas, algunas ONG e incluso el Gobierno. Lo que está ocurriendo, en realidad, es todo lo contrario. Con todas sus limitaciones, la división de poderes, característica esencial de una democracia, está avanzando. Una nueva generación de fiscales y jueces, apoyados por policías profesionales, un buen sector de la prensa y la opinión pública, está decidida a combatir la corrupción de alto vuelo. Y el Gobierno respeta su autonomía, que es lo que corresponde. Eso ha sido posible gracias a que hoy no recae el poder en un partido poderoso que hubiese buscado silenciarlos. Es una circunstancia excepcional, de gran fragilidad, pero que hasta el momento ha sabido resistir todo tipo de presiones.

Alberto Vergara decía el domingo pasado en el artículo “La república no llega sola”, en El Comercio, que lo que estamos presenciando es el fin de los tiempos en los que la política otorgaba privilegios mayores y en que la plata “llegaba sola”; que lo que estamos viviendo es “el avance de la república frente al privilegio”. Advertía, sin embargo, que todavía hay muchos adversarios que intentan boicotear estos avances porque “no sirven a la república, sirven a su señor”. Es cierto. Si algo diferencia a las democracias más avanzadas del mundo, como la de los países escandinavos, Canadá o Nueva Zelanda, es la ausencia de privilegios de los poderosos y la igualdad de todos ante la ley. Un político arrogante e inescrupuloso es inaceptable.

Reconocer estos avances no implica negar que se hayan cometido excesos en algunas prisiones preliminares o que parezca excesivo solicitar penas de 20 o 26 años por lavado de activos. Tampoco es razonable sostener que cualquier contribución de campaña no declarada sea lavado de activos. Esperemos que los jueces tengan el buen criterio de diferenciar según la cuantía y el uso asignado a esos recursos.

El tema de fondo es que, como sostuvo ayer el fiscal Germán Juárez –el acusador de Humala y Heredia– en una entrevista a “Perú 21”, “antes no se investigaba a los políticos. Antes no se pedía medidas tan gravosas contra los políticos y eso se está desmitificando. Los fiscales aplicamos lo que dice la Constitución Política: todos somos iguales ante la ley”. Ese empoderamiento es muy positivo si se administra con sensatez. Ojalá los fiscales y jueces a los que les ha tocado la difícil tarea de sancionar a políticos corruptos actúen con la prudencia y el tino suficientes como para que su labor culmine con éxito y cambie la manera de hacer política en nuestro país. No más impunidad.
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