La batalla de Año Nuevo, por Alfredo Torres*

El Año Nuevo 2019 quedará en la memoria colectiva de muchos peruanos como una fecha clave en la lucha contra la corrupción. Al conocerse la noche del 31 que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, había removido a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Caso Lava Jato, miles de peruanos salieron a las calles a protestar por la decisión y muchos más expresaron su rechazo en las redes sociales. Dos días después, Chávarry retrocedió y los repuso en sus cargos.

Esa noche tuve una experiencia personal, que es un buen reflejo de lo que se vivió en esas horas. Publiqué un tuit que decía “No nos confundamos. Esto no es 50/50. Es 90/10. No es un tema del pasado. Se juega el futuro. 90% estamos indignados. Vizcarra y Salaverry tienen que actuar. La corrupción no puede quedar impune”. Inusitadamente, el tuit recibió en pocas horas casi 5 mil “me gusta” y más de 100 mil impresiones.

Debo reconocer, sin embargo, que mi tuit tuvo también varios cuestionamientos. El más importante de los cuales era de dónde sacaba yo esas cifras. ¿Es que acaso había hecho una encuesta la noche de Año Nuevo? Naturalmente, no. El sustento de esa aseveración está en las múltiples encuestas de El Comercio-Ipsos efectuadas a lo largo del 2018. Veamos por qué es razonable hablar de una opinión pública dividida 90/10.

En primer lugar, porque la corrupción es ahora el problema que más preocupa a los peruanos. Nunca había sido así, ni siquiera en el 2000. No es así tampoco en otros países. El Perú ocupa el primer lugar en América Latina (estudio LAPOP) y el primer lugar en el mundo (estudio Ipsos Global Advisor) como el país donde sus ciudadanos mencionan a la corrupción como el principal problema nacional. A diferencia de otras épocas donde muchos aceptaban el criterio “roba, pero hace obra”, ahora la gran mayoría es consciente de que la corrupción afecta directamente su bienestar.

En segundo lugar, porque entre 88% y 96% cree que Odebrecht dio dinero a las campañas políticas de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Susana Villarán y Pedro Pablo Kuczynski. Independientemente de que diversos juristas sostengan que haber recibido dinero de una empresa para una campaña electoral no configura lavado de activos, la gran mayoría de la población considera que sí se incurrió en corrupción.

En tercer lugar, porque entre 90% y 95% cree que Odebrecht pagó coimas en los gobiernos de Toledo, García y Humala. A diferencia del caso anterior, haber recibido un soborno es un delito indiscutible y, por lo tanto, hay una enorme expectativa por saber quiénes recibieron esas coimas y quiénes fueron los beneficiarios últimos de esa corrupción.

En cuarto lugar, porque la desconfianza hacia Chávarry es generalizada. En agosto, luego de la difusión del audio que registraba sus conversaciones con el juez César Hinostroza, el 94% de los informados de dichos diálogos consideraba que Chávarry debía renunciar.

Por último, para los que no creen las encuestas, el resultado del referéndum no pudo ser más contundente. Las propuestas de Vizcarra obtuvieron en promedio 87% de los votos válidos y solo 13% votó en el sentido opuesto. Y la gran mayoría no votó evaluando a cabalidad cada pregunta sino como respaldo al presidente en su oferta de reformar el sistema judicial y político.

Como en el caso de los audios del CNM, esta vez Vizcarra también reaccionó con una propuesta audaz: un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público. Nuevamente, algunos analistas lo han criticado por tener actitudes populistas y usar la corrupción como un arma para debilitar a sus adversarios. Los más ácidos han sugerido que se está comportando como Fujimori en 1992, cuando intervino manu militari el Poder Judicial. Pero lo cierto es que presentar un proyecto de ley al Congreso es precisamente lo que le toca hacer al presidente en el marco de la Constitución. Y si el proyecto es inapropiado, corresponde al Congreso encontrar una mejor alternativa.

En realidad, lo que está haciendo Vizcarra es encauzar el hartazgo de la ciudadanía frente a la corrupción de sus autoridades. La ciudadanía exige que se identifique y se sancione a quienes incurrieron en actos de corrupción en las altas esferas del poder y el convenio con Odebrecht es la puerta para averiguar lo que ocurrió los últimos 15 años.

Sin duda gobernar no es solo actuar con indignación frente a la corrupción. Pero si Vizcarra no reaccionase con energía frente a las maniobras de los corruptos por frustrar las investigaciones en su contra, la ciudadanía se sentiría traicionada. Indignación ante la corrupción y propuestas para enfrentarla es lo que se espera de un líder en democracia.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.