El penúltimo gabinete, por Alfredo Torres

Si Ana Jara desarrolla su gestión como presidenta del Consejo de Ministros razonablemente bien, le tocará seguramente el sacrificado honor de ser la candidata presidencial del nacionalismo en el 2016. En ese caso, deberá renunciar seis meses antes de las elecciones generales, es decir, dentro de un año. En cambio, si lo hace mal, su caída podría precipitarse antes y tendría que ser reemplazada por un primer ministro conversado, ya que la oposición no le daría un voto de confianza a otro hombre o mujer del entorno de la pareja presidencial.

En política hay momentos para la confrontación y momentos para el consenso. Dentro de un año, el país ingresará a la campaña electoral presidencial, contienda de todos contra todos de en la que solo uno(a) se alza con el triunfo. Los próximos 12 meses representan, por lo tanto, la última oportunidad para la generación de consensos.

Ana Jara es una política con facilidad para el diálogo. Su primer desafío es persuadir al presidente de la República y a la presidenta de su partido de que no es razonable gobernar con altivez y encono cuando ya está claro para todos que son minoría en el Congreso y en la opinión pública. Luego, debe buscar el diálogo con grupos pequeños pero determinantes en el Parlamento como el PPC, pero solo logrará un impacto significativo si incluye en el diálogo a los líderes con mayor proyección para el 2016: Keiko Fujimori, PPK y Alan García. No es fácil, porque en la oposición también hay egos heridos, pero no es imposible.

La circunstancia es propicia porque en el Perú –a diferencia de otros países de la región– no hay reelección inmediata y porque el partido gobernante llega muy débil al final de su período. A quienes aspiran a ser gobierno les conviene conversar porque hay ciertas medidas que sería mejor adoptarlas ahora y no esperar al 2016. La pregunta que debe formularse la oposición es qué tipo de leyes controversiales son necesarias para que el Perú avance más rápido hacia el desarrollo. Si el gobierno actual las promulga ahora con el consentimiento de la oposición, el país gana dos años. Al gobierno saliente, a su vez, le conviene promulgarlas porque pueden tener un efecto positivo inmediato en el clima de inversión y su coraje será valorado en el mediano plazo, cuando aspire a regresar. 

Entre las medidas de mayor impacto en el campo económico están todas aquellas que faciliten la inversión. La reactivación de grandes proyectos mineros y petroleros paralizados debe estar en agenda, pero para dinamizar la mediana y pequeña empresa y reducir la informalidad es indispensable la flexibilización del sistema laboral. La clave para la salida de uno de los sistemas más rígidos y, por ende, más excluyentes del mundo puede estar en dar mayor libertad para que empleadores y trabajadores pacten libremente condiciones como el pago de gratificaciones y el monto de la indemnización por despido. 

En el campo político, es indispensable revisar el proceso de descentralización a la luz de la experiencia que han mostrado numerosos casos de ineficiencia y corrupción. Se han transferido considerables recursos económicos a entidades muy heterogéneas, que no estaban preparadas para recibirlos. Lamentablemente, las próximas elecciones del 5 de octubre confirmarán la tendencia a que lleguen al poder muchas personas poco calificadas, truhanes atraídos por el botín presupuestal y candidatos venales que recibieron apoyo del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. 

El Perú es una república unitaria y descentralizada, no solo descentralizada. Como dice el experto en gestión pública José Escaffi, se requiere fortalecer la capacidad rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo y la controlaría para revertir esta tendencia. Pero también se requiere una reforma política para evitar lo que Jaime de Althaus ha llamado la feudalización del país. Los partidos políticos deben recuperar su rol de movimientos con una visión nacional. La proliferación de agrupaciones que representan intereses exclusivamente regionales o particulares es muy perjudicial. Los líderes políticos nacionales deben abordar cuanto antes este problema. Si la primera ministra Ana Jara y la presidenta del Congreso, Ana Solórzano, facilitan este proceso, con muñeca y coraje, el país se los reconocerá.