Sobre políticas de competitividad, por Elmer Cuba

La competitividad de una empresa es la capacidad de producir un bien o servicio a menores precios que su competencia o, al mismo precio, mejores productos o servicios que los de su competencia. En la práctica se observa una combinación de las anteriores posibilidades.

Lo mismo ocurre con las industrias. Por ejemplo, en la minería o en la agroexportación, el Perú tiene industrias competitivas, conformadas por empresas competitivas.

Ahora, ¿puede un país ser más competitivo que otro? La respuesta es no. Un país no puede producir todos los bienes y servicios más baratos que otro país. Si fuese así, no habría comercio internacional, ya que los otros países no tendrían nada que vender.

Este es un debate antiguo, que se remonta a la teoría de las ventajas absolutas (Adam Smith) y las ventajas comparativas (David Ricardo). En esa línea, los índices de competitividad de los países como los del Foro Económico Mundial (FEM) deben ser vistos como indicadores de brechas de variables transversales a las industrias y empresas. Es decir, aspectos macroeconómicos, judiciales, laborales, infraestructura, innovación, etc. Si todo ello mejora, se hará más fácil para las empresas ser más competitivas, generar valor para sus accionistas, dar empleo y pagar impuestos.

Sin embargo, las metas no deben quedarse en avanzar tantos puestos en el ránking de “Doing Business” del Banco Mundial o en el Índice de Competitividad del FEM. Ello puede resultar engañoso. Por ejemplo, Taiwán, Tailandia, Azerbaiyán y Costa Rica tienen un índice de competitividad muy superior a Uruguay o a Grecia, y –sin embargo– estos últimos los superan ampliamente en ingreso per cápita. El Perú, por su parte, presenta un índice de competitividad superior a Croacia, aunque este nos supera muy ampliamente en ingreso per cápita. En general, no es que no haya que avanzar en este índice. Después de todo, la correlación de este indicador con el desarrollo económico (PBI per cápita) es de 0,76. Pero no está clara la causalidad entre ambas.

En esta semana se presentan en CADE sendas propuestas del sector público y privado para mejorar la competitividad. Ahora bien, no existen países “competitivos”, solo empresas competitivas. ¿Cómo hacer más competitivas a las empresas que operan en el país? Esa es la pregunta por responder.

–Empresas formales e informales–

Una gran empresa puede enfrentar la regulación de su sector, el pago de impuestos directos e indirectos, la legislación laboral, pagar remuneraciones competitivas y resultar atractiva para sus accionistas. Una mediana empresa y una pequeña también lo pueden hacer. Lo que tienen en común las empresas formales es su capacidad de generar excedentes que les permiten sobrevivir y crecer.

Existe otro grupo numéricamente importante de “empresas” (en el sentido de unidades productivas) que operan sin haberse constituido como sociedades bajo la ley, trabajan sin RUC y sin observar las diversas normas que regulan a las empresas formales. En este grupo, las utilidades del accionista son lo suficientemente bajas como para intentar cumplir con las normas legales.

Pero además, hay otro grupo a mitad de camino entre ambos. Cumplen parcialmente algunas normas y otras no tanto. Acá el trabajo es de la Sunat, la Sunafil, los ministerios y los municipios.

–Mejor conocimiento–

En el país operan cerca de un millón de empresas formales. Pocos estudios existen sobre cuál es el capital de estas empresas, cuánto personal contratan, qué salarios pagan, cómo se financian, cuánto tiempo existen, por qué quiebran, cuáles son sus ganancias, en qué sector y región operan. La heterogeneidad productiva y los problemas específicos son tales que ameritan políticas explícitas para ello. El campo de batalla se da a nivel empresarial y sectorial. Es decir, si queremos mejorar la competitividad no bastará con tener mejor infraestructura de transporte o mejorar la educación técnica.

Las políticas públicas dirigidas a mejorar la competitividad empresarial no pueden hacerse a ciegas, de espaldas a la evidencia. Es como tratar de hacer políticas sociales sin tomar en cuenta el censo de población, sin tomar en cuenta la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) ni mucho menos hacer encuestas para recoger información primaria de los programas sociales.