El presidente de la República, PPK, ha negado que vaya a renunciar a su cargo. Esto ha generado una moción de vacancia en su contra en el Congreso. (Archivo El Comercio)
El presidente de la República, PPK, ha negado que vaya a renunciar a su cargo. Esto ha generado una moción de vacancia en su contra en el Congreso. (Archivo El Comercio)
Federico Salazar

El presidente debe dejar el cargo. La vacancia puede darse por renuncia o por su “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso” (Constitución, art. 113).

La Constitución contempla ambas posibilidades. Por eso, y para eso, hay vicepresidentes.

El Congreso no puede tener el poder arbitrario de declarar la incapacidad física o moral.

En el caso de la incapacidad física, tendría que tener, por ejemplo, un fundamento médico indiscutible. No podría basarse en un solo médico, en una interpretación o presunción.

“Permanente” se refiere, en la Constitución, a una condición que impide ejercer el cargo en plenitud continua de sus facultades. Es la gravedad del impedimento y es el carácter continuo del mal.

En el caso de la incapacidad moral también debe haber un fundamento. Y también aquí debe tratarse de un asunto indiscutible y de efecto permanente para el cargo.

El presidente Kuczynski tiene una empresa que dio servicios financieros a . Podría tratarse de un soborno. Kuczynski era ministro de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros, nada menos.

La defensa del presidente se basa en que él se apartó del cargo en la empresa y que los contratos no fueron firmados por él. No es una defensa que se pueda aceptar. Él era el propietario de la empresa.

Si quiso ser ministro, debió hacer revocar el contrato. Debió hacer que su empresa dejara de prestar servicios financieros a Odebrecht.

Si no ponemos un candado muy fuerte a ese pasadizo entre el interés privado y la función pública, perdemos la soberanía del Estado. Dejamos el gobierno en manos de personas con intereses particulares.

Tenemos que quebrar esa noción según la cual es normal que un hombre con negocios tome decisiones de gobierno que tienen que ver con esos negocios. Tenemos que acabar con la noción mercantilista del Estado.

Es absolutamente inaceptable que un funcionario que tiene que decidir sobre hacer una carretera tenga una empresa que brinda servicios a una constructora que hace la carretera.

La defensa del presidente parece aferrarse al lado formal. “Yo no firmé”, “era mi socio”, “yo no sabía”, “los servicios sí se dieron”, etc.
Nada de esto exculpa la responsabilidad moral del señor Kuczynski. No se trata de declarar la incapacidad “legal” o “contractual”. Se trata de la incapacidad moral.

Moralmente, ¿es legítimo que mi empresa reciba dinero de la constructora que, como funcionario, autorizo a operar y a recibir dineros del Estado?

El señor Kuczynski cree que eso está bien. Quizá lo ha hecho varias veces. ¿Cómo saberlo, si no considera que tenga un impedimento moral para hacerlo?

Los intereses empresariales tienen que separarse, tajante y abismalmente, de los intereses del Estado. No debe haber ninguna vinculación entre el gobierno y las empresas.

Evaporar las fronteras entre intereses privados e intereses públicos es mercantilismo. Es un sistema atrasado, medieval y absolutista.

Hay que vacar al presidente Kuczynski por la misma razón que hay que investigar a Joaquín Ramírez y a Fuerza Popular. El financista de esa agrupación no ha explicado el origen de dineros que pudieron (o no) terminar en la campaña electoral.

La investigación a Fuerza Popular reclama independencia y seriedad. La misma independencia y seriedad que se requieren para vacar al actual jefe del Estado.

La vacancia presidencial no debe significar un desbalance de poderes. Debe restablecer, más bien, el balance que se perdió cuando intereses privados se filtraron en el manejo del Estado.

Para que el Congreso demuestre que la vacancia no es usurpación ni arbitrariedad, debe acompañar su decisión con una declaración.

El Congreso debe renovar su voto constitucional. Debe declarar su respeto a la Constitución y a la independencia, sobre todo, de los poderes jurisdiccionales.

Ese respeto es lo que puede hacer de este tropiezo gubernamental una oportunidad de reafirmación constitucional. Esa reafirmación es lo único que demostrará al resto de países que en el Perú se opta por el Estado de derecho y por la estabilidad institucional.

Kuczynski no es tan necesario a la estabilidad institucional como la limitación de los poderes por la Constitución.