¿Las reformas electorales son suficientes?, por Raúl Ferrero

Ante la visible crisis de la representación política y pese al fraccionamiento de las bancadas en el Congreso de la República, este tiene el propósito de concretar determinadas reformas electorales y políticas para introducir cambios que puedan aplicarse en el proceso electoral del 2016.

Entre las medidas propuestas, vale la pena mencionar algunas que responden a proyectos de ley presentados por diversos congresistas y el Jurado Nacional de Elecciones, aunque no todas lleguen a contar con los votos suficientes para ser aprobadas por el Parlamento.

Así, para fortalecer a los partidos políticos, se busca eliminar el voto preferencial, introducido en la Ley de Elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, en calidad de obligatorio, luego eliminado en el proceso electoral de 1980 y restituido en las elecciones generales de 1985.

El voto preferencial se sigue aplicando, lo que perjudica a la organización de los partidos políticos, pues afecta la cohesión de estos. En este contexto, cada candidato tiende a realizar campañas más de tipo personal para diferenciarse de los demás miembros de su lista, lo que genera en los hechos una disputa interna poco edificante.

Además, personaliza en demasía el tema electoral y tiende a que el candidato al Parlamento ofrezca lo que buenamente se le ocurra individualmente, y que una vez electos consideren que su elección ha sido personal y se desconecten de la organización que los albergó en su nómina.

Su eliminación debe ir aparejada con elecciones internas que permitan a los inscritos en las organizaciones políticas (sean movimientos o partidos) escoger a sus candidatos y el orden que les corresponda en la lista. Estos procesos tendrán que estar supervisados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar su seriedad.

La alternancia de género sería positiva para corregir lo que en la práctica sucede, como es que las mujeres integran en menor número las listas que las organizaciones políticas presentan en los procesos electorales.

Así, en las tres últimas elecciones congresales, se impuso una cuota mínima del 30% de candidatas, pudiendo obtener estas solo el 21,5% de las curules.

Igualmente pensamos que se debe permitir un porcentaje de hasta una cuarta parte (25%) de invitados en las listas de candidatos de cualquier organización política.

En el caso de las alianzas electorales, me parece conveniente que se aumente al 2,5% por cada partido o movimiento dentro del porcentaje mínimo de la valla electoral del 5%, manteniendo cada uno su propia personería.

Otro tema controvertido es la participación estatal en el financiamiento de los partidos políticos, como ocurre en otros países, lo que implicará necesariamente la intervención de la ONPE, pues se trataría de fondos públicos entregados por el Estado. Pienso que es una medida positiva siempre que dichos partidos lleguen a la valla electoral.

En todo caso, más allá de los dispositivos legales que puedan aprobarse, las organizaciones políticas deben autoexaminarse para reparar sus errores con el firme propósito de enmienda, ya que el país espera de ellas liderazgos definidos con propuestas programáticas realistas para corregir un rumbo incierto dentro de un clima electoral que ya se torna un tanto ruidoso.

En resumen, es necesario realizar prontamente todos los esfuerzos para mejorar la representación política. Para ello hace falta que se modernicen y democraticen más las organizaciones políticas, pues, tal como lo establece la Constitución (artículo 35), ellas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.