¿Transparencia para saber o para qué?, por Enrique Bernales

“¿Por qué el partido Fuerza Popular presenta un proyecto de ley que lo retrae al más sombrío período del fujimontesinismo?”.

¿Transparencia para saber o para qué?, por Enrique Bernales

"Sostengo que en estos casos se debe apelar al análisis político que profundiza en el estudio de los contextos, en la ubicación e identificación de los actores".(Ilustración: Giovanni Tazza)

Enrique Bernales

En el derecho, como en la política, la transparencia es fundamental para el buen funcionamiento del sistema democrático. En nuestro país, la Asociación Civil Transparencia es un ejemplo de trabajo eficiente para hacer que nuestra democracia progrese en claridad y buenas prácticas.

Pero donde la transparencia no camina es en el Estado. En todo su amplio conjunto de sistemas y funciones. Las razones son varias: ausencia de prácticas democráticas, tendencias a no compartir el poder o temor a que la ciudadanía se entere de los verdaderos propósitos de ciertas decisiones. En lo que a los partidos políticos se refiere, debilidad y afanes de “encriptarse” para que no se sepa de una parálisis que los invalida para la representación y las ofertas programáticas.

Mis alumnos desconfían de la legalidad constitucional y rechazan cualquier opción de participar activamente en política. Si esto sucede en especialidades como el derecho, ¡cómo será en las disciplinas que cultivan las artes o las ciencias exactas! ¿De dónde saldrá la clase política encargada de gobernar el país en el futuro? 

Pongo dos ejemplos de esa desconexión. En el primero me refiero a la interpretación constitucional que suele aplicarse cuando una norma es oscura y ambigua. En esos casos se recurre al ejercicio interpretativo que apela al análisis sistemático de la Constitución, al todo, que sirve para encontrar el camino de lo que en verdad dice la Carta Magna.

Son varios los artículos de la Constitución vigente que tienen una redacción ambigua, difícil de entender. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir el primer párrafo del artículo 92? Según el texto, los congresistas lo son a tiempo completo y les está prohibido desempeñar cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. ¿Cuál es el tiempo completo de un congresista? ¿Tiene un mínimo de 8 horas diarias? ¿Debiera tener un tiempo regulado para su profesión u oficio? ¿Qué impide que un congresista dedique más tiempo diario a su profesión u oficio que al funcionamiento del Congreso? 

Pareciera que esa norma está hecha para que sea compatible representar y ejercer profesión u oficio simultáneamente. ¿Es transparente la norma? Definitivamente no. Unos cumplirán honestamente con el tiempo completo y otros no.

Inversamente, otro texto es claro, pero sufre de argumentos políticos ad hoc, que introducen sospechas de conductas que afectarían al artículo segundo, inciso 4, de la Constitución (que trata del derecho ciudadano a la libertad de expresión, opinión, información y del pensamiento en cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización y censura ni impedimento alguno). Este dispositivo es preciso y el segundo párrafo indica que si en el ejercicio de este derecho se cometiesen excesos que podrían configurar comisión de delito, este tiene que estar previamente tipificado en el Código Penal y se juzgará en el fuero común. Mayor transparencia no se puede pedir.
Pero los representantes de Fuerza Popular han presentado un proyecto de ley que presume defender los derechos y libertades de este dispositivo. Y lo han hecho dos veces consecutivas.

Sostengo que en estos casos se debe apelar al análisis político que profundiza en el estudio de los contextos, en la ubicación e identificación de los actores y en las circunstancias concomitantes que permiten encontrar los elementos de intencionalidad política ocultos tras una argumentación falsa. En efecto, elaborar un proyecto de ley especial, que no se incorpora al Código Penal, que desconoce la esencia valorativa de los derechos fundamentales y que además sobreañade una pena que no fue considerada en la sanción penal que sufrió una persona (como es la prohibición de ser miembro de una empresa de prensa y ejercer el periodismo en cualquier medio de comunicación), no tiene ningún asidero constitucional.

Configura más bien una hostilidad política a personas que tienen derecho a la rehabilitación social y a trabajar en todos los campos que tutela la Constitución. ¿Por qué el partido Fuerza Popular, que se empeña en ganarse un espacio democrático legítimo, presenta un proyecto de ley que lo retrae al más sombrío período del fujimontesinismo, a sabiendas de lo mucho que eso lo perjudica?

El análisis político objetivo lleva a considerar hipótesis. Por ejemplo, el afán de que el dardo apunte al diario El Comercio, que no se explicita pero que subyace, bajo el predicado que afectándolo en cualquier supuesto escenario de relaciones con Graña y Montero y miembros de su ex dirección empresarial, este Diario perdería el peso que tiene en el país como un medio que cuenta con una inmensa legión de lectores.