El poder de la palabra, por Alfredo Torres*

Hacía tiempo que un discurso presidencial no tenía tanto impacto en la opinión pública. Todas las encuestas de agosto han registrado un impresionante incremento en la popularidad presidencial luego del mensaje por Fiestas Patrias. En el caso de la encuesta de El Comercio-Ipsos, la aprobación a la gestión del presidente Martín Vizcarra pasó de 35% a 46% mientras su desaprobación cayó de 48% a 42%. Contrariamente a lo que ocurrió hace un año, cuando la aprobación del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski cayó de 34% a 29%.

La importancia del mensaje en los 11 puntos de crecimiento que registra la aprobación a Vizcarra este mes se confirma cuando se compara la evaluación de su mensaje con el que dio PPK hace un año. El de Vizcarra fue evaluado favorablemente por el 68% de la población informada. El de PPK, solo por el 30%. Y lo que es más relevante, los principales sentimientos que despertó el mensaje de Vizcarra fueron esperanza, confianza y tranquilidad, mientras que en el caso de PPK los sentimientos predominantes fueron desconfianza, decepción e incertidumbre.

Vizcarra supo encarnar la indignación ciudadana ante la corrupción descubierta en el sistema judicial y efectuar un conjunto de audaces iniciativas en proporción a esa indignación. En particular, fueron muy bien recibidas sus propuestas de llevar a referéndum la renovación del Consejo Nacional de la Magistratura y las reformas del sistema electoral. Como se esperaba, tres de ellas tienen un alto respaldo popular –la selección de los magistrados por concurso de méritos, el mayor control del financiamiento de las campañas electorales y la no reelección de los congresistas–, mientras que la propuesta de la bicameralidad tiene un apoyo más limitado, aunque también favorable.

En contraste con el presidente, el gobierno en su conjunto ha mejorado solo marginalmente su aprobación –pasa del 25% al 29%– mientras que el primer ministro César Villanueva se mantiene en 19%. Esta distancia entre la aprobación a los dos principales funcionarios del Poder Ejecutivo no se veía desde los años 90. Por su parte, los demás poderes del Estado continúan superando sus propios récords de desaprobación. Así, la aprobación al Congreso cae y su desaprobación sube. Similar ejercicio ocurre con el Poder Judicial.

Sin duda, los “audios de la vergüenza” han agravado la ya deteriorada imagen del Congreso y del sistema de justicia, y no sorprende que una mayoría abrumadora considere que el juez César Hinostroza debe ser investigado por posibles delitos penales ni que sea casi unánime la opinión de la ciudadanía para que renuncien el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el juez supremo César San Martín.

El Congreso y las autoridades judiciales parecen no haber tomado conciencia plena de la gravedad de la crisis que enfrentan. La opinión pública considera que la gran mayoría de jueces, fiscales y congresistas son corruptos, lo que, por supuesto, es una generalización injusta. El problema para los honestos es que ya no pueden refugiarse en la abstención o el perfil bajo. Los jueces, fiscales y congresistas que no tengan una actitud frontal contra la corrupción, que no muestren una voluntad sincera de limpiar sus instituciones, serán percibidos como cómplices de la corrupción por la ciudadanía.

El Congreso, en particular, tiene la difícil tarea de procesar las propuestas planteadas por Vizcarra. En el caso de la reforma política, es claro que las propuestas pueden ser mejoradas. El problema que enfrenta el Congreso es que la opinión pública estará muy atenta a estos cambios y tenderá a rechazarlos. Dada la baja credibilidad del Congreso, estos solo podrían ser aprobados en un referéndum si son producto de un acuerdo con el propio Vizcarra.

En cambio, el Congreso podría avanzar rápido con la reforma judicial. Los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo a partir de las recomendaciones de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial, que presidió Allan Wagner, deberían ser aprobados pronto. Podrían empezar con la ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que fue la primera recomendación de la comisión.

Pero lo más urgente es que el Congreso apruebe el proyecto de referéndum para cambiar el sistema de elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Desde los “audios de la vergüenza”, el organismo constitucional encargado de nombrar jueces y fiscales se encuentra descabezado. Para que pueda volver a operar rápido, se requiere aprobar por referéndum que sus integrantes sean nombrados por concurso público, lo que tiene amplio apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, para que este referéndum pueda efectuarse en diciembre, debe ser convocado a principios de octubre. Al Congreso le quedan seis semanas para sacar adelante este referéndum indispensable.

* El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú