Editorial: Si te lo dice una voz aliada…

El último jueves, el Comité Ejecutivo Nacional de Alianza Para el Progreso (APP) difundió un comunicado a propósito de la reforma política planteada por el Gobierno de Martín Vizcarra cuyos puntos, por estas semanas, se vienen discutiendo en diferentes instancias del Congreso.

En el escrito, el grupo reconoce que “si bien [la reforma política] ha sido elaborada por distinguidos profesionales especialistas en tema[s] electorales”, esta “no recoge la vivencia y experiencia cotidiana de los partidos políticos, proponiendo experiencias fallidas”, y cita como un ejemplo de estas últimas el proyecto de ley que busca instituir elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en todas las agrupaciones políticas. Una propuesta que, vale recordar, ya fue aprobada a inicios de semana en la Comisión de Constitución.

No obstante ello, más allá de su disconformidad con este punto en concreto de la reforma –que, por supuesto, todavía tiene que ser refrendado por el pleno–, el documento de APP llama poderosamente la atención por un segundo mensaje. A saber, ese en el que indica, en un tono inequívoco de admonición, que los proyectos de ley aprobados por el Congreso “serán una decisión democrática que por mandato constitucional deben ser asumidos por todas las personas y autoridades de gobierno”. Y remata: “Una ‘interpretación diferida de la cuestión de confianza’ no resiste ningún análisis jurídico”.

En buena cuenta, pues, lo que ha dejado claro el colectivo apepista es que, a su parecer, el discurso que han venido enarbolando tanto el mandatario como algunos de sus ministros en torno a que, en última instancia, serán ellos los que decidirán si la confianza votada en el Legislativo procede o no dependiendo de si se respeta la ‘esencia’ de los proyectos que presentaron, carece de cualquier asidero legal. O, puesto en otras palabras, le han adelantado al Gobierno que, si se llegara a esa situación –en la que el Ejecutivo resuelva, a posteriori, que la confianza ha sido denegada–, no cuenten con ellos en la defensa de tan controversial medida.

Una posición, dicho sea de paso, que no resulta insensata, pues, como hemos sostenido desde este Diario, la posibilidad de que el Gobierno pueda arrogarse la facultad de decidir, por sí mismo, cuándo una cuestión de confianza ha sido o no dada no solo implicaría una interpretación antojadiza –por decir lo menos– del ordenamiento jurídico nacional, sino que desconocería la naturaleza del Congreso como foro de debate y formulación de leyes.

Y, si bien es cierto, no han sido pocos los parlamentarios que han acusado visos de inconstitucionalidad en lo anunciado por el Gobierno –las voces críticas en ese sentido han venido desde distintos sectores del hemiciclo–, sí resulta particularmente ilustrativo que la advertencia provenga ahora de una bancada como la de APP, cuyas actuaciones difícilmente podríamos catalogar como hostiles hacia Vizcarra y compañía, y que no solo tuvo hasta inicios de este año a uno de sus miembros como cabeza de Gabinete (César Villanueva), sino que, hoy por hoy, cuenta con una de sus integrantes desempeñándose como titular del Ministerio de la Mujer (Gloria Montenegro).

Tal parece que, en su empeño por defender la intangibilidad de sus proyectos de reforma política so pena de decretar como negado el voto de confianza, la administración de Vizcarra no cuenta ni siquiera con el apoyo de uno de sus (pocos) aliados en el Parlamento. Una circunstancia que debería tener presente si es que insiste en hacer realidad tan discutible aviso.