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Editorial: Alcaldes turistas

Tras la tragedia del cerro San Cristóbal, los municipios de Lima y del Rímac parecen ignorar sus propias competencias y responsabilidades.

Editorial

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Las municipalidades del Rímac y de Lima se culpan mutuamente sobre la responsabilidad de la circulación de la unidad de Green Bus por el Cerro San Cristóbal. (El Comercio)

Las municipalidades del Rímac y de Lima se culpan mutuamente sobre la responsabilidad de la circulación de la unidad de Green Bus por que protagonizó el trágico accidente el Cerro San Cristóbal. (Foto: El Comercio)

Las municipalidades del Rímac y de Lima se culpan mutuamente sobre la responsabilidad de la circulación de la unidad de Green Bus por el Cerro San Cristóbal. (El Comercio)

El último domingo, un accidente automovilístico en el cerro San Cristóbal dejó el trágico resultado de nueve personas fallecidas y 48 heridas, que iban a bordo de un bus panorámico de la empresa de turismo Green Bus. El lamentable accidente ha motivado una serie de interrogantes en torno a las responsabilidades de los agentes involucrados. Un ejercicio nada trivial, si se quiere evitar que tragedias de esta naturaleza continúen ocurriendo en todo el país.

En primer lugar, se tendrá que determinar, por supuesto, si el accidente se produjo por impericia o imprudencia del conductor del vehículo. Del mismo modo, la policía se encuentra investigando si la unidad de transporte se encontraba en estado óptimo y si fue modificada para permitir la vista panorámica en el segundo piso o para trasladar a un mayor número de ocupantes que el permitido.

Pero, en un siguiente nivel, también es esencial preguntarse por la labor de las autoridades estatales tanto acerca de la autorización y supervisión del servicio de transporte de pasajeros, como del mantenimiento y habilitación de las vías de tránsito terrestre; más aun cuando estos factores pueden ser determinantes en la magnitud y gravedad de un accidente.

La primera entidad en manifestarse al respecto fue la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de un solitario tuit: “#INFORMAMOS: La administración y fiscalización de la vía que da acceso al Cerro San Cristóbal es competencia de la Municipalidad del Rímac”. En declaraciones a la prensa, horas después, el gerente de transporte público de la MML insistió en la responsabilidad del municipio del Rímac (“Esta es una vía que administra la Municipalidad del Rímac, quienes deberían conocer sus vías […]”), al mismo tiempo que minimizó la correspondiente a la MML (“Era un vehículo formal con todos sus documentos y papeles en regla”, “solo emitimos la autorización para que preste servicio como bus turístico […] el transporte turístico no tiene ruta”).

Por su parte, la comuna del Rímac respondió también por Twitter que “la autorización emitida por la MML es clara sobre su libre tránsito. No es tiempo de ataques sino de ayudar”. Y un día después alegó, en un comunicado, que el cerro San Cristóbal se encontraba “bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”. Una afirmación desmentida por dicha superintendencia, que aclaró que la titularidad del predio fue transferida a la MML, para que ejecute el proyecto de un teleférico, que fue finalmente cancelado por la administración del alcalde Luis Castañeda.

Lo que estos pronunciamientos revelan, sin embargo, es un lamentable esfuerzo de los municipios por eludir las culpas propias a través del habitual pero ineficaz recurso de resaltar las ajenas, así como un vergonzoso desconocimiento de sus propias competencias.

Resulta inconcebible, por ejemplo, que la gestión de Luis Castañeda pretenda eximirse de responsabilidad alegando la ausencia de rutas para el transporte turístico, cuando, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades y las propias ordenanzas de la MML, son las municipalidades provinciales las que deben normar el transporte terrestre e identificar y autorizar las rutas correspondientes dentro de su jurisdicción. Como también es injustificable que los funcionarios edilicios aleguen que “solo” otorgan autorizaciones a las empresas de transporte, pero no digan nada sobre su deber de fiscalizarlas.

Tampoco se logra comprender que el municipio del Rímac no haya reparado y mantenido una vía cuyos sardineles no tenían la altura mínima, sin señalización y que carecía de controladores o reductores de velocidad. O peor aun, que advirtiendo sus defectos y angostura (en algunos puntos llegaba solo a 3,2 metros de ancho), no haya establecido límites al tránsito de vehículos de grandes dimensiones (el de Green Bus medía 3,5 metros de ancho).

Si a todo lo anterior se añade que los buses de transporte turístico partían de la misma Plaza de Armas que alberga al palacio de la MML y que transitaban por la peligrosa vía de acceso al cerro San Cristóbal desde hace dos décadas sin que las autoridades municipales hayan hecho algo para impedir o mitigar el riesgo de que ocurra una tragedia como la del último domingo, solo cabe concluir que los alcaldes son turistas en las ciudades que supuestamente gobiernan.

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