(Foto: Archivo El Comercio)
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Editorial El Comercio

Dos días atrás y a consecuencia de un acuerdo de la Junta de Portavoces del Legislativo, el presidente de ese poder del Estado, , anunció la próxima convocatoria a un en el que se buscará resolver los informes de la Comisión de Ética pendientes en esa instancia. Aunque no los mencionó expresamente, los casos que la iniciativa comprende son los de (actualmente integrante de la bancada de Peruanos por el Kambio y acusada a fines del 2017 de presunto tráfico de influencias, tráfico de terrenos y obstrucción política en la región Áncash), Daniel Salaverry (miembro de la bancada de Unidos por la República y acusado de haber falseado sus informes de semana de representación), (representante de Fuerza Popular denunciado por presunta falsificación de certificados de estudios y mentiras en su hoja de vida) y Roberto Vieira (parlamentario sin bancada al que se acusa de una supuesta solicitud de dinero para realizar gestiones en el Ministerio de la Producción a fin de conseguir el levantamiento de ciertas sanciones pesqueras).

Como se recordará, la Comisión de Ética ha recomendado sancionar el primer caso con 60 días de suspensión y todos los demás, con 120.

La idea, que parece motivada por un afán de mejorar la imagen del Parlamento, es razonable y, aparte de estar llamada a retar la percepción de que los miembros de la representación nacional arrastran los pies cuando se trata de imponerse sanciones a sí mismos, puede servir para esclarecer si los criterios de bandería política con los que han tendido a procesar hasta ahora estas materias han cambiado. Es decir, si las condenas o exculpaciones ya no se darán con arreglo a lo que conviene a la bancada o alianza de bancadas que ostente la mayoría en la comisión en cuestión o en el pleno.

Las marchas hacia atrás y hacia adelante a propósito de una anterior denuncia en Ética a la misma Yesenia Ponce (relacionada con la autenticidad de sus certificados de estudios y planteada mientras ella todavía formaba parte del grupo parlamentario fujimorista) son bastante ilustrativas de cómo se ventilaban estos problemas hasta hace no mucho en el recinto de la plaza Bolívar.

Esta vez tenemos en el banquillo de los denunciados a legisladores de procedencia muy diversa (y cambiante), por lo que las votaciones serán un buen termómetro de cuánto puede haberse modificado esa conducta.

En lo que concierne a Vieira, no se distingue fuerza alguna posiblemente interesada en retirarle las castañas del fuego. Pero es de suponer, en cambio, que ni Salaverry ni Ponce obtendrán indulgencias de parte de Fuerza Popular, pues ambos dejaron sus filas de manera altisonante y se acercaron de forma más o menos discreta al gobierno. Falta ver, sin embargo, qué hará el conglomerado naranja a propósito de Moisés Mamani, en su momento ejecutor del plan que puso a Pedro Pablo Kuczynski entre la espada y la pared y lo llevó a renunciar a la presidencia de la República.

Esa misma disyuntiva, aunque desde la orilla opuesta, tendrán frente a sí, por cierto, las bancadas habitualmente enfrentadas al fujimorismo en el Parlamento. Bajo el razonamiento de ‘el enemigo de mi enemigo es mi amigo’, algunos de sus miembros podrían sentirse tentados a cerrar un ojo ante faltas clamorosas. Y, en esa eventualidad, sus intentos de ‘blindaje’ y los que con tanta frecuencia le enrostran a la mayoría terminarían pareciéndose como una gota de agua a otra.

En fin, quieren las circunstancias que, justo en el momento en que las encuestas indican que una mayoría ciudadana desearía que los congresistas se fueran a su casa, ellos deban pasar por una prueba sobre el problema que seguramente más los afecta: su vocación por beneficiarse o perjudicarse entre ellos por razones de conveniencia política. Habrá que estar atentos para ver con qué suerte la rinden.