Editorial: 5 de abril (2017)

Expresiones del fujimorismo presente parecen reivindicar los desvalores de una dictadura que se estrenó hace 25 años.

Editorial: 5 de abril (2017)

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República y además intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Garantías Constitucionales. (Foto: Archivo)

El 5 de abril de 1992 es una fecha con una importante carga simbólica. Al valor histórico de conmemorar la última vez que se cometió un golpe de Estado en el Perú, se le suma el que se extrae de las distintas lecturas sobre lo que ocurrió en esa fecha; interpretaciones que aún repercuten en la vida social y política de nuestro país.

Fuerza Popular (FP) ha entendido esta importancia y, en los últimos años, varios de sus máximos representantes han dejado de reivindicar el momento en que Alberto Fujimori quebró la democracia, para empezar a reconocer el tinte luctuoso que lo perfila. El 5 de abril “no es una fecha para celebrar” han dicho en distintas oportunidades Kenji Fujimori y el ex secretario general de FP Joaquín Ramírez. Y, en similar tenor, Keiko Fujimori afirmó: “Nunca más un 5 de abril”, en el debate de la primera vuelta de las elecciones del año pasado.

Ciertamente, el día en que se violentó la separación de poderes, la autonomía judicial, la libertad de prensa, entre otros, no es uno para festejar. Pareciera, sin embargo, que algunos representantes del fujimorismo actual quisieran rendirle un disimulado homenaje con innovadoras elucubraciones sobre lo que ocurrió aquel aciago abril de 1992 o a través de proyectos legislativos que evocan la impronta del autoritarismo que surgió entonces.

Respecto de lo primero están, por ejemplo, las forzadas distinciones que plantearon Luz Salgado y Rosa María Bartra entre el autogolpe de Alberto Fujimori y el asestado hace unos días por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “Ese episodio que ocurrió en nuestro país tiene una connotación completamente diferente”, señaló la presidenta del Congreso; mientras la parlamentaria Bartra indicó que “no se puede hacer un símil”, además de sostener que el autogolpe peruano “contó con el respaldo de organismos internacionales, como la OEA”.

La declaración de la vicepresidenta del Parlamento llama, además, al asombro, pues, al parecer, la resolución de la OEA que “deplora[ba] los sucesos ocurridos en el Perú”, llamaba al restablecimiento urgente del “orden institucional democrático” y urgía a la “inmediata liberación de los legisladores, dirigentes” y demás apresados califica como un ‘respaldo’ en su particular exégesis. Tanto la alocución de Salgado como la de Bartra, al fin y al cabo, coinciden en el antojadizo empeño por aminorar la gravedad de un atropello del que cualquier demócrata debería deslindar sin atenuantes.

Sobre lo segundo, destaca el reciente proyecto legislativo presentado por las fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo para controlar a los medios de comunicación. Un dislate en el que, con algunas variantes respecto de su formulación inicial, han insistido las parlamentarias, demostrando –preocupantemente, por cierto– que no ven nada de malo en una ley que pretenda decidir quién debe y quién no participar en un medio de comunicación, y en que sea el Congreso –y no los millones de lectores, oyentes y televidentes– el que defina los contornos de una prensa “objetiva, veraz, plural y oportuna”.

Pero más inquietantes aun son sus desdeñosas referencias al sector de la prensa que las ha criticado. Al anunciar por Twitter que habían cambiado la versión original de su proyecto de ley, la congresista Aramayo calificó despectivamente como “#100ColumnasdeInfamia” los artículos de opinión que habían cuestionado su iniciativa. Por su parte, la congresista Letona afirmó que le “hubiera gustado [que el debate] se dé en el Congreso, donde debe darse la discusión, y no a través de editoriales”, evidenciando así su incomodidad con la crítica periodística y, de paso, los riesgos de que quien propugna imponer cánones a la prensa, a la vez quiera sustraerse a su escrutinio.

Así pues, para conocer la consistencia democrática de quienes nos gobiernan o aspiran a hacerlo algún día, sigue siendo pertinente preguntarles acerca de un golpe de Estado ocurrido hace 25 años. Después de todo, clamar “Nunca más un 5 de abril” es fácil cuando el presente y la expectativa sobre el futuro son favorables. Pero es en las circunstancias más apremiantes cuando las verdaderas vocaciones democráticas se ponen a prueba.