Editorial: El año de Lava Jato

Hace un año, ya se conocía que los actos de corrupción de la empresa Odebrecht alcanzaban a los tres últimos gobiernos, pero no se anticipaba cuán extensa habría sido su llegada en la esfera política local. Como hoy sabemos, existen indicios de que la compañía brasileña habría aportado a diversos candidatos y conseguido ilegalmente la adjudicación de millonarias obras públicas.

En el curso de las investigaciones, y principalmente a raíz de las revelaciones de la propia Odebrecht, han aparecido, con diferente grado de certeza, motivos para sospechar que la constructora brasileña habría pagado coimas en el marco de obras de gran envergadura como la carretera Interoceánica, el metro de Lima, la Vía de Evitamiento del Cusco y la vía expresa del Callao; que habría aportado a las campañas electorales de los principales contendientes al sillón presidencial de los últimos años y la de oposición a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán; y que tuvo una relación profesional con empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski, incluso en épocas cuando este se desempeñó como ministro de Alejandro Toledo.

Pese a que el saldo del 2017 arroja un presidente con prisión preventiva (Ollanta Humala), otro con solicitud de arresto para fines de extradición (Alejandro Toledo), y a diversos funcionarios y empresarios de alto rango enfrentando procesos penales, las novedades que traería el Caso Lava Jato en el 2018 podrían ser tanto o más impactantes que las del año que está por concluir.

El jefe del Estado –que, aunque se salvó de ser vacado, debe aún esclarecer su vinculación con la empresa Odebrecht– deberá acudir al Ministerio Público en los próximos días. También tendrá que hacerlo Keiko Fujimori, cuyo partido ha impulsado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, que tiene todos los condimentos de un plato de retaliación por la investigación fiscal que se le sigue por lavado de activos. Y el vocero de Fuerza Popular, el congresista Salaverry, ha señalado la semana pasada que, con el fin de justificar una eventual prisión preventiva de la lideresa fujimorista “se estaría pensando sembrar unas supuestas pruebas en nuestros locales partidarios”. Una acusación que no fue acompañada de mayor detalle o prueba alguna. 

En ese contexto, el Ministerio Público deberá demostrar extrema rigurosidad y pericia en sus siguientes actuaciones, de modo tal que se eviten cuestionamientos como los que surgieron en torno al allanamiento a los locales partidarios de Fuerza Popular hace unas semanas. También, un proceder coordinado entre todos los fiscales a cargo de las investigaciones de corrupción y lavado de activos, así como con la procuraduría anticorrupción, de tal forma que la válida pretensión de la reparación civil no entorpezca, una vez más, el objetivo principal de obtener la información completa de todos los que cometieron latrocinios contra el Estado Peruano –lo cual, a su vez, ampliaría el volumen de la indemnización que los responsables deberán pagar–. Con ese objetivo en la mira, el Ministerio Público debe procurar acelerar la corroboración de los testimonios de los aspirantes a colaboradores eficaces, a fin de lograr esclarecer los casos investigados.

En las siguientes semanas, se podrá apreciar con claridad quiénes buscan defender la autonomía de los órganos de justicia y lograr el esclarecimiento de los hechos que aún permanecen escondidos en el Caso Lava Jato. Y, sobre todo, quiénes no.