Editorial: Cantinflada con consecuencias
Editorial: Cantinflada con consecuencias

El viernes, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la participación de la fórmula presidencial de Todos por el Perú (TPP), encabezada por Julio Guzmán. Con ello, inauguró un nuevo acto en la opereta jurídico-tropical que viene manteniendo en un pernicioso y ya largo limbo a nuestro actual proceso electoral. 

Al margen de la opinión que se tenga sobre la gravedad y subsanabilidad de las reglas de la democracia interna que violó TPP a la hora de elegir a su tribunal electoral nacional y a su plancha presidencial, una cosa es clara: el caos que los incumplimientos del partido de la antorcha posibilitaron ha sido amplificado a su máxima expresión por la conducta de nuestras autoridades electorales.

La incertidumbre pudo terminar en un primer momento, cuando el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo ante sí la pregunta de si procedía la inscripción del tribunal electoral de TPP pese a las irregularidades internas antes aludidas o no. Entonces, el JNE pudo decidir que la violación de las normas internas en que había incurrido TPP no era lo suficientemente grave como para, a la luz de las normas electorales, ameritar una limitación del derecho a la participación política; y/o decidir que, siendo grave, había quedado subsanada por la posterior asamblea de convalidación realizada por el mismo TPP, que habría dejado a salvo el tema de la democracia interna. O pudo decidir –como efectivamente hizo– lo contrario: que las faltas cometidas eran tan sustanciales como para ser consideradas insubsanables y privar al TPP de participar en las elecciones generales. Jurídicamente, después de todo, hay argumentos válidos para sustentar ambas posiciones.

Lo que no podía responsablemente hacer el JNE era decidir que la violación no era subsanable, para luego deducir que por lo tanto no era válida la inscripción del tribunal electoral que eligió a Guzmán, al mismo tiempo que evitaba pronunciarse sobre si la inscripción del propio Guzmán como candidato se mantenía o no. Eso fue sin embargo lo que hizo el JNE para, acto seguido –evitando clamorosamente sacar todas las conclusiones de sus propias premisas–, patear la papa caliente al JEE y abrir así el camino para el caos procesal que siguió.

En efecto, lo que hizo el JEE al recibir la decisión de manos del JNE fue admitir la candidatura en base a dos argumentos opuestos a los que había estimado el JNE. Primero: la asamblea posterior del TPP subsanaba todos los defectos previos. Segundo: el cumplimiento de las formalidades retrocedía frente al derecho de participación política de los integrantes de la agrupación. 

Pasaron solo nueve días entre esta decisión del JEE y la de este viernes. ¿Cuáles fueron las razones que expuso el mismo JEE para cambiar de postura y declarar ahora improcedente la plancha encabezada por Guzmán? Primero: la asamblea posterior de TPP no subsanaba todos los defectos previos. Segundo: el derecho de participación política no exime del cumplimiento de las formalidades requeridas. O sea, ha dicho ahora exactamente lo mismo que dijo la vez pasada, pero al revés.

¿Ensayó alguna excusa el JEE para decir A y no A en solo nueve días? Sí: que debía plegarse al razonamiento del JNE que, el 23 de febrero, examinando un recurso de reconsideración, se había ratificado en su antes descrito criterio. El tema, sin embargo, es que cuando el JEE dio su primera decisión ya se conocía la primera decisión del JNE y, sin embargo, el JEE se había sentido perfectamente libre de contradecirlo. ¿Por qué entonces el JEE pasó en nueve días de pensar que podía ignorar lo dicho por el JNE a sostener que tenía que obedecerlo aunque ello supusiese negar cada uno de los puntos que acababa de sostener? Puede que la respuesta sea simple torpeza, pero el hecho es que la cantinflada ha abierto un espacio para especulaciones que le hacen un flaco favor a nuestra democracia. 

Ahora bien, esto no quiere decir que sea responsable que un candidato que dice representar una nueva y seria manera de hacer política pueda aprovechar este espacio para denunciar públicamente un “evidente fraude electoral” sin mostrar más pruebas que el descrito caos jurisdiccional. Especialmente cuando fue el partido del candidato el que dio lugar al limbo en primer lugar al saltarse a la garrocha su propio estatuto a la hora de elegirlo, mientras decía que “en el Perú hay menos partidos institucionales de los que uno cree”. 

En resumen, acá ha habido una cadena de informalidad, irresponsabilidad y caos. Cadena que comenzó con TPP en sus procesos internos, que continuó y se amplificó con la forma en la que nuestras autoridades electorales procesaron el asunto, y que sigue creciendo ahora con las denuncias de fraude del señor Guzmán. Corresponde al pleno del JNE, como nuestro máximo órgano en materia de jurisdicción electoral, comenzar a poner orden en este asunto con una decisión final ahora que –por efectos de una apelación– este volverá a sus manos, de las que nunca debió salir irresuelto en primer lugar.