Editorial: Algo que celebrar
Editorial: Algo que celebrar
Redacción EC

Hoy primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. La fecha conmemora la huelga de 1886 en Chicago y la lucha por la jornada de trabajo de ocho horas diarias, entre otros derechos laborales. Para la gran mayoría de peruanos, sin embargo, hoy hay poco que celebrar. 

Aproximadamente siete de cada diez trabajadores en el país se desempeñan como empleados informales –lo que significa acceso limitado o nulo a jornadas laborales razonables, vacaciones, seguro contra accidentes, descanso por maternidad, pensión de retiro, entre varios otros beneficios–. En otras palabras, justamente los derechos que hoy celebra la mayoría de trabajadores en otros países del mundo. 

El problema ha sido parcialmente expuesto durante el reciente seminario organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la comisión de reforma de protección social creada por el Gobierno. “La protección social que toma como centro al trabajador asalariado [dependiente] no ha funcionado. Ha sido un fracaso”, dijo contundentemente Mariano Bosch, especialista senior en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID. 

La comisión del Gobierno tiene, pues, la difícil tarea de repensar el sistema de pensiones, de salud y de protección ante el desempleo. Pero la baja penetración del sistema pensionario, el desfinanciamiento de Essalud y la nula protección contra el desempleo de la mayoría de trabajadores tienen todos la misma causa: la informalidad laboral. 

A estas alturas, el diagnóstico de los expertos al respecto se acerca al consenso: la regulación laboral actual ha sido diseñada para empleados de grandes empresas formales, de productividad media y alta, que rotan poco de trabajo y a quienes les será muy difícil recolocarse. Este paradigma del trabajador prototípico tiene poco asidero en la realidad peruana (aparte de la gran informalidad, el 86% trabaja en empresas de menos de 100 empleados y de baja productividad) y queda cada vez más obsoleto, pero eso no le ha impedido convertirse en la principal causa de una regulación laboral rígida y poco favorable para la creación de empleo de calidad. Legislar en función al mito del trabajador formal y altamente productivo es la principal causa de informalidad. 

De hecho, la regulación en beneficio de estas minorías formales privilegiadas –esas que pelearán, por ejemplo, cada uno de sus 30 días de vacaciones pagadas a través de sus sindicatos– es precisamente lo que impide a la gran mayoría de trabajadores informales acceder a cualquier beneficio formal. Mayores prerrogativas legales para los empleados de planilla encarecen la formalidad y crean nuevas barreras de entrada para los más desprotegidos. 

Y si bien el diagnóstico parece claro desde todos los frentes, la verdadera duda está en la voluntad política para llevar adelante los cambios necesarios. ¿Está realmente el Ejecutivo dispuesto a jugársela por una reforma laboral comprensiva? ¿Tiene la motivación el actual Congreso –y sobre todo Fuerza Popular– para poner parte de su capital político a favor de la que podría ser quizá la reforma estructural más importante de este quinquenio? 

Los expertos ya han terminado buena parte de su trabajo de diagnóstico y recomendaciones; es el turno de los políticos para convencer a la población de la urgencia de replantear las condiciones del mercado laboral y para ejecutar –sin apresuramiento pero con firmeza– las modificaciones necesarias. En otras palabras, es su turno para hacer política en serio. 

Así, quizá, el próximo primero de mayo tendremos verdaderamente algo que celebrar.