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Editorial: Control preventivo

Las irregularidades que motivaron la remoción de Edgar Alarcón pudieron advertirse antes de su designación como contralor.

Editorial

Edgar Alarcón

El lunes, durante su presentación ante la Comisión Permanente del Congreso, Edgar Alarcón afirmó –refiriéndose al informe que recomendaba su remoción– que “todo esto se hubiese podido evitar si la contraloría sacaba un informe favorable o daba luz verde a la adenda de Chinchero”. (Foto: Congreso de la República).

El lunes, durante su presentación ante la Comisión Permanente del Congreso, Edgar Alarcón afirmó –refiriéndose al informe que recomendaba su remoción– que “todo esto se hubiese podido evitar si la contraloría sacaba un informe favorable o daba luz verde a la adenda de Chinchero”. (Foto: Congreso de la República).

Foto: Congreso de la República.

El lunes, la Comisión Permanente del Congreso finalmente removió a Edgar Alarcón del cargo de contralor general de la República. Tras varios días de suspenso, la petición sustentada en el informe preparado por el grupo de trabajo presidido por el congresista Marco Arana fue aprobada con 22 votos a favor, ninguno en contra y solo una abstención (del parlamentario Bienvenido Ramírez, de Fuerza Popular).

Según el informe, Alarcón habría incurrido en cuatro faltas graves. A saber, el favorecimiento indebido a una ex trabajadora de la contraloría –con quien tuvo dos hijos–, la compra de dos automóviles a un proveedor de su entidad (por cerca de US$80.000), la omisión de presentar su declaración jurada de bienes y rentas por tres años y la presión que ejerció contra el auditor Walter Grados para que retirara la denuncia que este había presentado ante el Congreso advirtiendo sobre estas y otras irregularidades.

A ello se suman las extrañas compras y ventas de varios autos realizadas por Alarcón y dos de sus hijos entre el 2002 y el 2016 (más de 100 vehículos por un valor de US$1’168.295), el informe presentado por la Universidad Nacional de San Agustín que concluye que el ex contralor habría obtenido su título de contador “de manera fraudulenta” y las presuntas irregularidades en las adquisiciones de dos terrenos en Arequipa y uno en Surco.

Existe, empero, un elemento común que pocos han advertido en este rosario de cuestionamientos: con excepción de la presión a Grados y lo referido a su título universitario, todos los otros casos tratan de denuncias sobre hechos previos a junio del 2016, cuando Alarcón fue designado contralor. Y si bien solo algunas de estas acusaciones ya eran conocidas desde ese entonces, lo cierto es que una mínima evaluación por parte de la administración de Ollanta Humala a la persona que su gobierno propuso como contralor bien podría haber advertido varias de estas irregulares.

En efecto, el caso de la compra de un inmueble en Surco –que se especulaba era parte de un negocio irregular– se conoció poco antes de que Alarcón fuera nombrado. Las compras y ventas de vehículos y el trato irregular hacia Marcela Mejía, la ex trabajadora con la que Alarcón tuvo dos hijos, eran también un secreto a voces en los pasillos de la contraloría. Y tanto en estos como en los demás casos, las cuestionadas actividades de Alarcón no eran difíciles de advertir si el gobierno anterior –y los congresistas que apoyaron su recomendación– se tomaban la molestia de revisar siquiera las declaraciones juradas y los movimientos en Registros Públicos de la persona a la que estaban a punto de nombrar para un cargo tan importante.

En cambio, la intempestiva manera como se designó al ahora ex contralor terminó siendo más bien oprobiosa. La administración de Humala propuso el nombre de Alarcón al anterior Congreso el 31 de mayo del 2016 –en la coyuntura previa a la segunda vuelta electoral– y sin que mediara un debate previo en la Comisión Permanente ni que hubiera tiempo para una evaluación de la ciudadanía (en ausencia de la del Gobierno), la ratificación se votó apenas ocho días después.

Antes de la votación, además, la bancada de Fuerza Popular presentó una cuestión previa para conformar una comisión especial que evaluara la pertinencia de Alarcón para ocupar el puesto, como bien ameritaba el caso, pero el pedido fue rechazado.

Poco después de ser elegido, Alarcón hizo gala del carácter histriónico que marcaría su paso por la contraloría al asegurar que su administración se diferenciaría de otras porque se concentraría en el “control preventivo” para evitar que “el error se convierta en irregularidad”. Lo que su caso nos deja como lección, paradójicamente, es que fue justamente en eso en lo que fallaron el Ejecutivo y el Congreso anteriores al designarlo de forma tan apresurada (práctica que, cabe destacar, el Parlamento actual ha repetido con otros nombramientos).

Para evitar repetir situaciones similares, es inminente que ambos poderes del Estado comprendan que un adecuado escrutinio a las personas que se designan para cargos tan relevantes no es solo recomendable, sino que es parte de su responsabilidad.

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