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Editorial: Crónica de un fracaso anunciado

La fallida licitación del Lote 192 resalta ineficiencias del Estado en el sector hidrocarburos.

Editorial: Crónica de un fracaso anunciado

Editorial: Crónica de un fracaso anunciado

El Lote 192, ubicado en la región Loreto, es la principal concesión petrolera del país. Descubierto durante la década de 1970, su producción llegó a superar los 80 mil barriles diarios, siendo desde entonces pieza fundamental en el sector hidrocarburos. El martes 4 de agosto, sin embargo, la licitación para otorgar la licencia de explotación de este lote, organizada por Perú-Petro (el organismo estatal a cargo de la concesión de lotes petroleros), fue declarada desierta, pues ninguno de los tres postores calificados presentó una propuesta.

Ahora, de no encontrar una empresa que administre la concesión antes del sábado 29 (tras la culminación del contrato con el actual operador), Perú-Petro deberá cerrar los pozos ahí ubicados. Esta acción traería duras consecuencias, pues solo para las regiones Loreto y Ucayali significaría una reducción del canon y sobrecanon de US$30 millones, US$50 millones dejados de percibir en regalías y 3.000 puestos de trabajo perdidos. Ante esta circunstancia, surge la pregunta: ¿por qué falló una subasta tan importante que pone en riesgo el 18% de la producción nacional de petróleo?

En primer lugar, pese a haber anunciado hace tres años que el proceso de adjudicación se iniciaría en octubre del 2012, no existió al parecer mayor urgencia por parte de Perú-Petro para asegurar el interés por la explotación del lote, pues las bases para la licitación no fueron publicadas sino hasta mayo del 2015. Es decir, solo tres meses antes de que el contrato actual termine y dejando un tiempo mínimo para que los posibles postores evalúen las bases y realicen las consultas y solicitudes de aclaración necesarias.

En segundo lugar, a esto se debe agregar una tasación de bienes por US$346 millones incluida en la subasta de la licencia de explotación; cifra que –según expertos en la materia– resulta prohibitiva en el mercado actual. Con el precio del petróleo en su nivel más bajo en seis años, la rentabilidad del proyecto se torna negativa para cualquier empresa que pudiera estar interesada, y más aun teniendo en cuenta la tarifa que debe ser abonada a Petro-Perú por transportar cada barril producido utilizando el Oleoducto Norperuano.

En tercer lugar, es relevante también el compromiso del gobierno de no firmar contratos para el Lote 192 hasta finalizar la consulta previa. Ello es problemático porque, con un proyecto activo desde la década de 1970 (cuando la regulación ambiental era mínima), sus pasivos ambientales no han permitido llegar a un acuerdo con las comunidades involucradas (por lo que hablar, quizá, de una “consulta posterior” hubiese sido más apropiado).

Finalmente, luego de declarar desierta la licitiación, se evidenció la ausencia de un plan de contingencia. Ahora, para evitar un desenlace que perjudique seriamente la producción nacional, Perú-Petro planea adjudicar el lote por medio de una negociación directa con empresas que pudieran estar interesadas. Afortunadamente, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, ha descartado que sea la refinería estatal Petro-Perú la que asuma la administración de la concesión.

Y el Lote 192 no es el único en problemas. Los procesos administrativos y la legislación actual son responsables de que la producción de petróleo en el país se encuentre en caída libre. Mientras que países como Colombia han logrado superar el millón de barriles producidos tras suprimir la obligación a las empresas de asociarse con el Estado, en los últimos 30 años la producción peruana ha venido reduciéndose de 177 mil a 67 mil barriles por día pese a tener un costo de producción más bajo que el colombiano, en parte gracias a las limitaciones y trabas impuestas desde el sector público.

Las soluciones son relativamente simples. Por ejemplo, solo por citar algunas alternativas, para obtener la autorización para trabajar un pozo petrolero debería bastar con un denuncio y los trámites respectivos en los ministerios pertinentes (como sucede con las concesiones mineras). Ello, además, no involucraría una fecha de caducidad (siempre que se cumpla con las obligaciones legales) o un engorroso y mal planeado proceso de licitación (que pone en riesgo la producción al término del contrato).

El Estado tendrá que trabajar contra el reloj –con las consecuencias que ello implica– si quiere llevar a buen puerto la producción del Lote 192. Sin embargo, más allá de este proyecto, el flujo de petróleo solo volverá a circular en el país si se levantan las trabas y se mejora el planeamiento público para que las inversiones privadas fluyan primero hacia los pozos.

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