Editorial: Los detectilocos
Editorial: Los detectilocos
Redacción EC

El último jueves, el Ministerio Público decidió la investigación contra Luis Figari y otras antiguas autoridades del de Vida Cristiana por los delitos contra la libertad sexual, integridad física y otros que se habrían cometido en el seno de esta organización en contra de algunos de sus ex miembros.

La decisión trae a colación lo ocurrido semanas atrás, cuando la de (FP) a propósito de lo que debía o no investigar el Congreso a raíz de las denuncias del Caso Sodalicio colocó a los integrantes de la bancada parlamentaria mayoritaria en la misma liga de marchas y contramarchas antes reservadas para el oficialismo; una actitud vacilante que ellos mismos han criticado duramente en el pasado. 

Los dilemas del fujimorismo sobre este tema se originaron a mediados de enero, con motivo de la propuesta del parlamentario (PPK) para que se formase en el Legislativo una comisión que investigara “los abusos físicos, sexuales y psicológicos cometidos por Luis Fernando Figari y compañía”, que la fiscal María del Pilar Peralta .

En principio, la iniciativa ganó algunas adhesiones entre los integrantes de la bancada naranja, como las de Lourdes Alcorta, Úrsula Letona o Daniel Salaverry. Pero cuando llegó el turno de ser revisada por el Consejo Directivo para ver si pasaba al pleno, de pronto los representantes de FP allí presentes –entre los que también se encontraba la parlamentaria Letona– la iniciativa.

Entre los argumentos con los que luego intentó explicar la decisión, el vocero de la bancada, Luis Galarreta, mencionó que el asunto estaba al margen de lo que el Parlamento podía hacer, porque este no iba “a definir si se cometieron o no los delitos de violación”. Y según relató también el legislador De Belaunde, durante la sesión del Consejo Directivo “un congresista [fujimorista] dijo que si se investigaban estas violaciones, el Congreso debería investigar todas las violaciones del país”.

Un día más tarde, sin embargo, un de en Twitter –en el que calificaba lo sucedido de “nauseabundo” y revelaba que la materia no había sido debatida dentro de la ‘bankada’– provocó un nuevo cambio. Un incómodo Galarreta anunció que, a pedido de , el asunto sería reconsiderado y, aunque al final el retroceso fue solo a medias (en lugar de una comisión investigadora propiamente dicha, el conglomerado naranja propuso formar solamente un subgrupo de trabajo en la Comisión de Justicia que se encargase de hacerle “seguimiento” a una investigación que debía hacer, más bien, la Defensoría del Pueblo), la angustia que dio pie a la vacilación fue evidente.

Por último, preocupados quizá porque las críticas sobre la manera en que estaban soslayando las demandas de las víctimas de los abusos cometidos en el SVC no cesaban, unos días después FP dio otro viraje y  la creación de una comisión investigadora de abusos sexuales contra menores… pero que investigue todos los casos y “no solo los que hacen agenda particular”. Es decir, una comisión que haga exactamente aquello que tan absurdo les parecía antes y que presenta el inconveniente adicional de ‘aguar’ la sustancia de lo que se planteaba investigar originalmente. Porque investigar ‘todo’ acaba siendo en la práctica el equivalente de no investigar nada, y puede servir para perder en el bosque el árbol que se podría querer ocultar.

Como en una vieja serie cómica de los ochenta, los fujimoristas, pues, actuaron en aquella oportunidad como unos detectives que, a pesar de tener un caso delante de los ojos, ni siquiera son capaces de resolver qué es lo que deben indagar y en cambio están dispuestos a chocarse entre ellos e increparse mutuamente, mientras los perpetradores del crimen que debería ocuparlos se escapan o permanecen camuflados en el espesor de una selva de casos semejantes.

La gran diferencia, claro, es que en esta circunstancia la razón de tanta desorientación quedó nítidamente sugerida y la rutina no da risa.