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Editorial: Dilema panamericano

El punto no es si hay plata o no para los Juegos Panamericanos, sino si deberíamos organizarlos aun si la hubiese.

Redacción

Editorial: Dilema panamericano

Editorial: Dilema panamericano

Desde que se empezaron a percibir los fuertes estragos de las lluvias, desbordes y huaicos producidos a consecuencia de El Niño costero, diversas autoridades políticas y personalidades han venido planteando un falso dilema entre continuar con la inversión en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 o concentrar los esfuerzos y recursos escasos en la reconstrucción del norte del país.

Decimos, pues, que es este un falso dilema porque, de acuerdo con lo reportado por las propias autoridades gubernamentales, existiría suficiente presupuesto en el sector público para hacer lo uno y lo otro. Si bien es pronto aún para estimar con algún grado de precisión el costo de la reconstrucción (cálculos de distintas instituciones difieren en órdenes de magnitud), lo cierto es que la ampliación de la partida presupuestal para la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, sumada a los fondos de emergencia y, sobre todo, a las líneas de crédito contingente con organizaciones como la CAF por más de US$3.500 millones, deberían asegurar la liquidez para reponer y mejorar la infraestructura de las zonas afectadas. El presupuesto para los Juegos Panamericanos –estimado en S/4.125 millones– corre por cuerdas separadas.

¿Quiere esto decir que entonces deberíamos llevar a cabo necesariamente las dos tareas? Un ejercicio de responsabilidad fiscal apuntaría a que la respuesta es negativa.
Como se recuerda, la presente administración modificó las reglas fiscales a finales del año pasado para darle mayor flexibilidad al gasto. La meta del gobierno entonces era alcanzar un déficit fiscal de 2,5% del PBI durante el 2017 e ir reduciéndolo progresivamente hasta alcanzar 1% del PBI de déficit en el 2019.

A todas luces, este escenario se ve hoy altamente improbable. En primer lugar, porque los ingresos tributarios continúan descendiendo. Luego de una fuerte caída durante el 2016, en marzo los ingresos por tributos, neto de devoluciones, volvieron a retroceder en 13,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. En segundo lugar, porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya había comprometido un plan de reactivación económica equivalente a casi 1% del PBI incluso antes de los desastres naturales. En tercer lugar, porque el costo de la reconstrucción será significativo. Y, en cuarto lugar, porque se persiste en continuar con iniciativas de efectividad dudosa pero que demandan ingentes recursos del Estado como es el caso de la irracional refinería de Talara que requeriría una inversión de US$4.800 millones.

Es en este razonamiento –y no el falso debate al que aludíamos al inicio– donde debe enmarcarse la discusión sobre la conveniencia de continuar o no con la ejecución de los Juegos Panamericanos. A la fecha, el MEF reconoce que el déficit del 2017 cerraría más cercano al 3% del PBI que a la meta anterior, el Banco Central de Reserva (BCR) ya lo pone en 2,8%, mientras que algunos cálculos privados esperan que sobrepase el 3%. Con esta carga fiscal y con el incumplimiento de su propia meta, ¿vale la pena que el gobierno insista en la organización de un evento cuyos beneficios no han sido claramente identificados y cuyos costos son elevados? El mismo razonamiento aplica en mayor medida para el 2018, año en el que el evento deportivo necesitará la mayor inversión y cuya expectativa de déficit fiscal también se ha elevado por encima de la meta.

Además del tamaño del ahorro fiscal que se lograría con la cancelación de los Juegos Panamericanos, esta decisión mandaría un poderoso mensaje de respeto por la institucionalidad y las reglas fiscales del país. Y si hay algún momento en que, respecto a la organización de los juegos, la comunidad internacional nos perdonaría faltar a nuestra palabra (irreflexivamente empeñada hace unos años), ese es uno en el que la emergencia natural encuentra a un país unido, solidario… y también fiscalmente responsable. 

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