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Editorial: El Estado contraataca

La batalla del gobierno contra la minería ilegal parece ir en serio y debe ser apoyada por la ciudadanía

Editorial: El Estado contraataca

La madrugada del lunes una batida de 700 agentes policiales encabezada por el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal, Daniel Urresti, destruyó maquinaria de varios campamentos mineros en el distrito de Cuyocuyo, en las alturas de Puno. La operación ha formado parte de una meritoria y tenaz embestida que ha emprendido este gobierno contra la minería ilegal en los últimos meses. 

De hecho, esta operación viene a sumarse a la reciente destrucción de cinco plantas procesadoras ilegales en Nasca y a la erradicación sistemática de maquinaria en Ananea (Puno) y en Madre de Dios. 

Por otra parte, se suma también a las acciones que el Estado está tomando para intervenir en la cadena de exportación del oro ilegal (la misma que exporta alrededor de US$2.000 millones al año). Así, desde diciembre pasado, la Sunat ha inmovilizado ya más de una tonelada de oro que iba a ser exportada por empresas que no pudieron justificar su origen legal. Solo el 4 de diciembre pasado, 508 kilos fueron incautados a seis empresas. 

Aunque sin duda estas incautaciones constituyen parte de una estrategia dual en la que se atenaza a la minería ilegal por dos flancos –el de su producción y el de su comercialización– son sobre todo las operaciones como ellas las que están demostrando que el gobierno ha encontrado, además de una nueva firmeza para enfrentarse a un tema ante el que ya varias veces antes había retrocedido, una estrategia inteligente. Golpeando a los exportadores que compran el oro a los ilegales y que son más fáciles de ubicar y alcanzar que estos últimos, el Gobierno está ajustando a los ilegales en donde más les duele: en sus ventas. Asustadas por estos decomisos, la mayoría de empresas que adquiere el oro de los mineros ilegales está frenando sus compras y, así, el precio del gramo de oro que estos venden se ha visto reducido en 30% en tan solo unos meses (de S/.100 a S/.70).

Acaso, sin embargo, la mejor prueba de que el Gobierno está dando en el blanco con su nueva ofensiva está en la manera en que los ilegales están acusando el golpe. Han convocado a una movilización nacional que culmine en la “toma de Lima” el 17 de marzo si no es destituido de su cargo el señor Urresti. Un significativo acto que atestigua como ningún otro la efectividad con la que el comisionado viene desempeñando su labor. Por otra parte, los ilegales –que han contratado ni más ni menos que al padre del presidente como su abogado– piden que se declare inconstitucional el paquete de decretos dados para permitir la formalización de estos mineros.

A nadie deben engañar las excusas que dan los ilegales detrás de esta movilización para pedir la derogación de estos decretos. Ellos ya han demostrado que todos sus pedidos son simplemente tácticas dilatorias y que lo suyo con la depredación (van 58.000 hectáreas del territorio que han sido arrasadas), la evasión, la corrupción y aún muchas veces el uso de mano de obra semiesclava es cuestión vocacional –o, si se prefiere, de su “modelo de negocio”–. 

En efecto, desde que dieron estos decretos, el Gobierno ha ido cediendo frente a todas las observaciones que –en elocuente sucesión– los propios ilegales les fueron haciendo. Cada muestra de flexibilidad fue respondida con un nuevo pedido. Así, por ejemplo, los ilegales se quejaban de que la autorización para el uso del agua emitida por la Autoridad Nacional de Agua demoraba demasiado. Como respuesta, simplemente se suprimió ese paso, incorporándolo dentro del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Se quejaron entonces de que el IGAC era muy engorroso. Como consecuencia, el Gobierno lo simplificó notoriamente, y luego incluso eliminó el requisito de que tuviera que ser formulado por profesionales inscritos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), para facilitarlo aun más. Acto seguido los informales arguyeron que las ventanillas únicas creadas para este proceso en los gobiernos regionales no funcionaban porque carecían de capacidad logística y de profesionales especializados. Se autorizó entonces al Minem a trasladar presupuesto a los gobiernos regionales para contratar personal y solucionar necesidades logísticas. Ni aun así los informales, salvo honrosas excepciones, acudieron a las ventanillas únicas a presentar sus IGAC: de los 72 mil que dieron el primer paso para la formalización, solo habrían presentado su IGAC unos 10 mil.

La movilización que se viene el 17 de marzo es, pues, por el derecho a seguir lucrando de un delito y ahora que, por una vez, parece que va a encontrar a un gobierno firme al frente, tiene que encontrar también a todos los ciudadanos de bien detrás de este.