Editorial: Sí existen

La publicación del libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz “Mitad monjes mitad soldados” en el 2015, el cual narra las historias de varios jóvenes que sufrieron abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de altas autoridades del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), puso en el ojo de la tormenta principalmente al fundador de dicha sociedad, Luis Fernando Figari Rodrigo.

En el libro se detalla más de un suceso en el cual el propio Figari utilizó el poder que tenía dentro de la organización para abusar de menores de edad, y específicamente –según los testimonios de los propios ex integrantes del SVC– obligarlos a que se desvistieran frente a él, se sentaran en sus piernas para “medir su equilibrio” y tener relaciones sexuales con él. La investigación causó tanto revuelo que impulsó a que en abril de este año el superior general del SVC, Alessandro Moroni, publicara un video en redes sociales pidiendo perdón a las víctimas y decretando que habían encontrado que Figari era “culpable de los abusos que se le imputan”.

Ayer, sin embargo, Figari negó los hechos en lo que fue su primera conversación con la prensa desde que se le hicieron las acusaciones. A su salida del Consulado del Perú en Roma –a donde acudió tras ser citado por la fiscalía–, el otrora número uno del SVC se defendió diciendo: “A mí no me consta que haya víctimas, yo estoy acá, estoy en un retiro, entonces, yo no conozco la realidad de todas las personas”. Una afirmación que ha generado la indignación de propios y extraños, y con fundamento.

Primero,  porque pareciera que el  fundador del SVC se estuviera escudando en su aislamiento temporal en Roma para desconocer los hechos que se le imputan. Además, a Figari no se le atribuye un rol de testigo al cual pueda “constarle” un hecho, sino que se le imputa el haber sido el victimario de vejaciones que ocurrieron no en Roma, sino en el Perú, durante los casi 40 años que estuvo al mando del SVC.

Y segundo, y más importante aun, porque tanto los testimonios recogidos en el libro de Salinas y Ugaz y las denuncias que públicamente han realizado algunos ex miembros del SVC, como las propias conclusiones de la comisión de ética para la justicia y la reconciliación del SVC, apuntan a corroborar que sí existen decenas de víctimas de abusos psicológicos y físicos cometidos por autoridades del SVC, Figari entre ellas. De hecho, durante años, varias de estas víctimas denunciaron los abusos dentro de la propia organización y también ante autoridades religiosas como el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima, pero nunca llegaron a ser atendidos. Es por esa razón que, en mayo pasado, cinco de esas víctimas –el propio Salinas, junto con José Enrique Escardó, Óscar Osterling, y los hermanos Martín y Vicente López de Romaña– presentaron la denuncia penal por la que ahora Figari y otras siete autoridades del SVC deben responder. 

Reconocer la existencia de las víctimas, como ya ha hecho el SVC a través de Moroni, es un paso importante, pero insuficiente para empezar a resarcir los daños. Dicha comunidad eclesial debe también asumir completamente las consecuencias legales de lo ocurrido y, lejos de “prohibirles” a los acusados su retorno a Lima –como ha afirmado Figari que ha sido su caso–, colaborar con la justicia para que los responsables enfrenten los procesos penales en su contra. Pero no hacer siquiera eso, sino defenderse poniendo en duda la existencia de las víctimas, como hizo Figari, equivale a victimizarlos una vez más.