Fernando Zavala presentó la cuestión de confianza alrededor de las 4 de la tarde del último jueves. (Foto: Congreso de la República).
Fernando Zavala presentó la cuestión de confianza alrededor de las 4 de la tarde del último jueves. (Foto: Congreso de la República).
Editorial El Comercio

La madrugada de ayer se produjo la “crisis total del Gabinete Ministerial” a la que hace alusión el artículo 133 de la Constitución, cuando el Congreso votó mayoritariamente por rechazar la que había solicitado el presidente del Consejo de Ministros, .

En esta tesitura, algunos miembros de la oposición parlamentaria –incluyendo al presidente del Congreso, – han intentado responsabilizar al saliente primer ministro por poner al país en una “crisis política”… Pero, a decir verdad, la cuestión de confianza no generó ninguna crisis política, sino que, en todo caso, la sinceró.

La crispación que surgió en las postrimerías de la segunda vuelta electoral entre Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio nunca amainó, y el resultado han sido cinco ministros vapuleados en sesiones de interpelación cargadas de epítetos. Uno de ellos fue censurado a los cinco meses de iniciado el gobierno (Jaime Saavedra), a otro se le denegó la confianza (Alfredo Thorne), otro tuvo que renunciar ante la cercanía de la censura (Martín Vizcarra) y una estaba ad portas de correr la misma suerte (Marilú Martens).

En el sector Educación, en particular, nunca hubo una razón valedera para licenciar a Jaime Saavedra, quien venía realizando una destacada labor. Y en el caso de Marilú Martens, más allá de los acostumbrados vaivenes y torpezas políticas del Gobierno, nunca quedó claro qué tipo de acción o decisión exigía el fujimorismo a la ministra en el manejo de la huelga de docentes, más aun cuando algunos representantes de FP contribuyeron a azuzar los problemas que se presentaban con ciertos sectores radicales del magisterio.

Así las cosas, que el presidente del Consejo de Ministros hiciera uso de la cuestión de confianza para contrapesar el avasallamiento opositor resultaba tan válido como constitucional. Y constitucional –y, hasta cierto punto, coherente– también fue la respuesta de la mayoría parlamentaria fujimorista al denegar esa confianza.

Corresponde ahora al Ejecutivo designar a un nuevo Gabinete, sin impedimento constitucional para nombrar a algunos miembros del equipo ministerial anterior, como algunos intérpretes auténticamente equivocados han deslizado.

Ello no quiere decir, por cierto, que el presidente deba optar por el camino de la provocación y choque directo con el Legislativo, como estrategia para buscar un segundo rechazo de confianza y provocar una disolución parlamentaria, como han propuesto algunos aficionados del belicismo. A lo que debiera aspirar el Ejecutivo es a un Gabinete con el suficiente tino político que ha estado ausente hasta ahora en la administración ppkausa y que pueda llevar adelante sus políticas de gobierno, con firmeza y sin el temor a una oposición parlamentaria, que deberá actuar con mayor prudencia ahora que el escenario político-constitucional los ha puesto en una situación comprometedora.

Por su parte, el fujimorismo debería abandonar las conductas beligerantes, si no fuera en aras del progreso del país y de la gobernabilidad, siquiera por el interés de conservar no solo su mayoría parlamentaria, sino también las curules individuales que cada uno de sus legisladores obtuvo en las últimas elecciones –más allá de los vesánicos anhelos de quienes creen que podrían obtener “100 congresistas naranjas” en una nueva elección– y que pondrían en riesgo si, con irresponsables censuras de por medio, se exponen al cierre del Congreso.

Es decir, tanto Ejecutivo como Legislativo deben tomar conciencia de que la segunda vuelta electoral culminó hace buen rato, y no aventurarse a buscar –vía la disolución parlamentaria– una tercera vuelta, que ni a ellos ni al país les conviene.