Editorial: Ni héroes ni lo contrario

Ayer finalmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó fuera de carrera a los candidatos Julio Guzmán, de Todos por el Perú (TPP), y César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), al declarar infundadas las apelaciones que cada una de esas agrupaciones había planteado en los últimos días a propósito de las decisiones adoptadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) en el mismo sentido.

Aunque ambas agrupaciones tienen todavía disponible la posibilidad de presentar un recurso extraordinario al JNE para que reconsidere su fallo, nada hace pensar que la reconsideración pudiera arrojar un resultado distinto al ya conocido y, en esa medida, cabe suponer que hemos llegado al final de lo que en esta página hemos denominado una “opereta jurídico-tropical” que mantuvo durante demasiado tiempo este proceso electoral en el limbo. 

No se vaya a pensar, sin embargo, que ello es indicio de que por fin los miembros del referido jurado han comprendido la naturaleza escasamente protagónica de su rol en esta y cualquier elección. De hecho, la declaración que el presidente de esa institución, Francisco Távara, hizo en la víspera de la decisión que ahora conocemos demuestra claramente que la situación es exactamente la inversa.

“Ante este caso que ha devenido difícil o complejo, cualquiera fuese la decisión seremos mañana héroes o lo contrario, según la parte que opine”, sentenció en efecto el martes el magistrado en cuestión, como preparándose para la andanada de críticas que las resoluciones en un sentido o el otro les podían acarrear.

La verdad, no obstante, es que a los integrantes del JNE no les correspondía ni les correspondió nunca ser ni héroes ni ‘lo contrario’ (villanos), porque su rol de árbitros y vigilantes de que la ley se cumpliese en estos comicios tenía que ser ejercido de manera expeditiva y casi invisible, lo que difícilmente convierte a alguien en alguno de los dos tipos de personaje novelesco que Távara mencionó.

Sobre todo en lo que concierne al caso de TPP y los problemas derivados de la violación de las reglas de democracia interna que afectaron la elección de su tribunal electoral nacional y su plancha presidencial, es evidente que, como ya hemos señalado en esta página, el jurado pudo haber abreviado la absurda agonía llevando hasta sus últimas consecuencias el razonamiento –discutible pero válido al fin y al cabo– que desarrolló cuando fue consultado por primera vez al respecto. Pero, como se recuerda, tras señalar que las violaciones en las que incurrió TPP no eran subsanables, evitó pronunciarse sobre si eso suponía que la candidatura de Guzmán no podía mantenerse y le pateó el problema al JEE, que luego introdujo en la evaluación del caso torpezas de su propia cosecha.

Hablar de torpezas, sin embargo, no es lo mismo que hablar de fraude o de ‘manos negras’, porque mientras lo primero puede perturbar la atmósfera en que un proceso se desenvuelve, lo segundo lo vicia de origen y lo hace inviable. Y aunque no existen elementos para pensar seriamente que estamos ante un escenario de este último tipo, son esas precisamente las palabras que vienen usando quienes se han visto afectados por los fallos que aquí comentamos y sus valedores en la prensa.

Sí se puede reclamar, en cambio, que las normas que han determinado la salida de los candidatos Guzmán o Acuña sean aplicadas con igual rigor a otros postulantes si, como podría ser el caso, existiese evidencia de similares infracciones. La aplicación paritaria de las normas se convierte en un imperativo de justicia y legitimidad, si alguna se quiere conservar en este borrascoso proceso. 

Pero mientras nada de eso ocurra, el proceso debe seguir adelante sin interrupciones ni torpezas. Y, sobre todo, sin nuevas fantasías de parte de nuestras autoridades electorales en el sentido de que su papel en esta contienda consiste en algo más que en ser un discreto y excepcional árbitro.