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Editorial: El ilusionista

El anuncio del alcalde de Lima sobre la cancelación del peaje en Puente Piedra no pasa de ser una reacción populista.

Editorial: El ilusionista

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Esta semana, durante las celebraciones por el aniversario 482 de la fundación de Lima, el alcalde Luis Castañeda Lossio mostró un repentino cambio de parecer respecto del controversial peaje de Puente Piedra, sobre el que apenas dos semanas atrás había asegurado que no podía hacer “absolutamente nada”. “Quiero anunciarles que el peaje de Chillón no va”, exclamó en un acto público desde la Plaza de Armas.

El anuncio de Castañeda parecía desempolvar del baúl electoral una de las expresiones preferidas de varios personajes de la política local. Así, lo dicho por el burgomaestre evoca expresiones como la del ex presidente Ollanta Humala o la del electo gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos, y sus sentencias de “Conga no va”. O, más recientemente, las de ex candidatos presidenciales como Verónika Mendoza y Julio Guzmán quienes, durante sus visitas de campaña a la provincia arequipeña de Islay, pregonaron a su vez: “Tía María no va”. Todas ellas, proclamas efectistas, empeñadas en extraer aplausos momentáneos antes que procurar una solución real.

En esta ocasión, en particular, la reacción del alcalde capitalino tenía como antecedente los reclamos de los vecinos de Puente Piedra, quienes para acceder o salir de sus residencias debían pagar los S/5 del peaje recientemente instalado por la empresa Rutas de Lima con la venia municipal.

El malestar de los residentes devino en dos protestas que –más allá de la injustificable violencia que estalló en ambas– parecen haber propinado un duro golpe a la popularidad del burgomaestre. Según la encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el último lunes, su aprobación cayó ocho puntos porcentuales con respecto al mes pasado, mientras que su desaprobación subió siete puntos. Así, por primera vez en sus tres gestiones, la desaprobación de Castañeda ha superado su aprobación (50% y 45%, respectivamente). 

Estas últimas cifras ayudan a entender un poco por qué el alcalde, que en un principio declaró que su gestión estaba “maniatada”, parece haber encontrado –en menos de quince días– la forma de desatar el nudo gordiano del, hasta ahora, mayor inconveniente de su administración.

El problema es que, hasta la fecha, Castañeda no ha explicado cómo es que se ha llegado al supuesto feliz desenlace. Por su parte, el gerente de Promoción de la Inversión Privada de la comuna limeña, Jaime Villafuerte, ha adelantado que aún se encuentran en negociaciones con la empresa concesionaria titular del peaje para definir cómo compensarla. Pues, como resulta evidente, detrás del anuncio populista de que el peaje “no va”, habrá un inevitable costo económico que la municipalidad (es decir, todos los limeños) tendría que asumir por los ingresos dejados de percibir pactados en el contrato que se celebró durante la gestión de Susana Villarán.

Así las cosas, el súbito cambio del burgomaestre hace pensar que sus declaraciones, lejos de ser el producto de una reflexión sesuda, no son más que una estrategia frente a la caída en su popularidad y un paliativo para evitar nuevas protestas.

Anunciar el cierre del peaje cuando aún no se ha llegado a un acuerdo con la concesionaria ni se conoce el costo que ello implicará para los bolsillos de los limeños, parece ser un intento poco esforzado de ilusionismo por parte del alcalde Castañeda. Con la salvedad que, si el truco no sale bien, serán los limeños quienes tendrán que sufrir las consecuencias.

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