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Editorial: Indulto agrario

El Estado continúa otorgando facilidades financieras a algunos empresarios a costa del resto de contribuyentes.

Editorial

Agrobanco

Agrobanco realizó su primer embargo contra accionista de una gran empresa.

La semana pasada, el Ejecutivo publicó una ley que condona distintos niveles de deuda a los agricultores que se acogieron al Programa de Rescate Financiero Agropecuario, creado en el año 2000. (Foto: Archivo)

El comercio

Dice un antiguo refrán que no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Pero aunque ese mensaje pueda ser verdad en diversos contextos, no parece serlo en el Perú. O, al menos, no lo es para el Estado Peruano y su recientemente publicada Ley del Programa para la Reinserción Económica y Financiera de los Agricultores que se acogieron al Programa de Rescate Financiero Agropecuario.

Escondido tras su extenso título y el ruido político de las últimas semanas, el propósito de esta norma es condonar toda o parte de la deuda de los beneficiarios del mencionado programa de créditos estatal, creado en el año 2000.

Así, cualquiera de ellos podrá ahora solicitar su acceso a este nuevo programa para obtener con ello un bono de descuento del 100% de su deuda total –incluyendo capital, intereses y moras– en los casos en que esta no supere los S/40.500 o el deudor tenga una calificación de “normal” en el reporte de deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Y quienes adeuden montos superiores o no cuenten con la mencionada calificación financiera –hasta un tope de S/1’417.500–, podrán aspirar, según el tamaño de su deuda, a un descuento de entre el 30% y el 70% de los intereses, moras y demás gastos devengados desde que adquirieron su primer préstamo.

En buena cuenta, entonces, se trata de un nuevo programa estatal de rescate financiero agrario dirigido a los empresarios ya antes beneficiados por un anterior programa estatal de rescate financiero. Y es que, aunque pueda parecer irónico, se trata de una práctica que se ha venido repitiendo gobierno tras gobierno, siempre con resultados más bien desalentadores.

Son varias las razones por las cuales es criticable que el Estado continúe otorgando este tipo de facilidades o ‘indultos’ financieros. Primero, porque se trata de un beneficio dirigido únicamente a los empresarios de un determinado sector –que si bien es importante, no lo es más que varios otros–. ¿Por qué entonces no se otorgan las mismas facilidades a otros empresarios?

Segundo, porque ni siquiera se trata de un sistema de ayuda financiera dirigida específicamente hacia los campesinos de pocos recursos económicos. El propio presidente del directorio de Agrobanco, la entidad a través de la cual se canalizan estas y otras ayudas, ha explicado que casi la mitad de la cartera de dicha institución “está concentrada en un grupo muy pequeño de empresarios que, por su naturaleza, no debían estar en Agrobanco”. Es decir, pequeños y medianos empresarios que cuentan con más capital del que ameritaría ayuda alguna, según las normas de la materia.

Tercero, porque estas políticas crean incentivos perversos. Si cada vez que el Estado otorga una ayuda financiera se termina por condonar las deudas, los beneficiarios de dichos programas tendrán pocos incentivos para cumplir con su cronograma de pagos.

Y cuarto, porque en general es una pésima idea que el Estado insista en prestar servicios financieros de forma directa. No solo porque se trata de una conducta prohibida por nuestra Constitución, pues el principio de subsidiaridad económica le impide al Estado realizar actividades empresariales en los sectores en los que ya existe oferta privada; sino, además, porque la historia reciente nos demuestra que en cada oportunidad en que ello ha ocurrido los resultados han sido paupérrimos.

La herencia de los bancos de fomento que operaron en el país hasta 1992, tras consolidarse los saldos, fue un forado de US$555 millones en el erario nacional. Y los resultados recientes de estas actividades no parecen ir por mejor camino. Solo el año pasado, Agrobanco registró una pérdida contable de S/95 millones.

En lugar de continuar con esta injusta e ineficiente empresa, nuestras autoridades y burócratas harían bien en comprender que estos recursos, que no salen de otro lado que de los bolsillos de todos los contribuyentes, podrían ser mucho mejor invertidos en otros campos.

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