Editorial: A precio de feria

Es común en nuestro país que, cada cierto tiempo, los políticos aprovechen sucesos que causan preocupación en la población para proponer ideas intervencionistas por las que, a la larga, todos los peruanos pagamos. Subsidios a los no tan necesitados, protecciones a las industrias, compra de excedentes de producción... A la lista, por supuesto, hay que sumarle también una iniciativa que –más allá de su nulo éxito en el pasado peruano– tiene presencia intermitente en nuestro debate nacional: el control de precios. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén, miembro de la Célula Parlamentaria Aprista, ha encontrado en la compra de una empresa con importante presencia en el ‘retail’ farmacéutico una excusa perfecta para poner nuevamente en debate la regulación de precios máximos, esta vez de lo que ha denominado “medicamentos básicos para enfermedades de mayor incidencia, gravedad y de alto costo”. ¿Cuáles son dichos fármacos que han concitado su atención? No hay ninguna pista de ellos en el proyecto de ley ni en su exposición de motivos. Y vaya uno a imaginar qué tipo de magia oculta está pensando el autor del proyecto que utilizará el “Órgano regulador de precios máximos de medicamentos básicos” para la fijación de precios, ya que, según señala la exposición de motivos, esta labor “no irroga mayor gasto adicional al Estado”.

Lo que sí se encuentra en la exposición de motivos de la iniciativa es una serie de declaraciones sobre el derecho a la salud de las personas y la necesidad de garantizar el “acceso a medicamentos esenciales”. Llama la atención que sea el acceso a los medicamentos una de sus mentadas motivaciones, pues la receta prescrita por el legislador aprista corre el riesgo de convertirse precisamente en una barrera adicional al acceso.

No hay forma más efectiva de lograr la escasez artificial de un producto que la fijación estatal de su precio, y no hace falta voltear a ver la experiencia venezolana para darle a esto sustento empírico. Basta con recordar nuestra propia historia de colas y mercados negros (con precios aun más altos) para advertir los males que vienen aparejados con un control de precios.

Por otro lado, valdría la pena mirar también el presente, en el que el Estado es incapaz de proveer de medicinas más baratas a los pacientes de los seguros estatales como el SIS y Essalud. Tal como se mostraba ayer en un informe publicado en este Diario, a mayo del 2017 apenas el 1,2% de los hospitales e institutos de salud públicos presentaba un nivel óptimo de disponibilidad de medicamentos.

Si ni siquiera se logra abastecer adecuadamente a los centros de salud estatales, ¿cómo se espera que el Estado pueda asumir tareas mucho más difíciles como regular los precios de miles de medicamentos? Ni qué decir aquí de otras de las iniciativas que han surgido en los últimos días, también complejas de ejecutar con éxito, como la de las “farmacias del pueblo” que ha propuesto la también aprista Luciana León. 

Lograr que más peruanos puedan acceder a un servicio de salud de calidad es una tarea pendiente que amerita propuestas más serias como la promoción de los medicamentos genéricos, compras estatales más eficientes o el subsidio a los consumidores de menores recursos a través de programas sociales. Y uno esperaría que los representantes del Apra hubieran aprendido esa vieja lección cuando las colas abundaban más que las ferias.