Editorial: Somos libres (pero no tanto)

En los últimos días el funcionamiento del sistema privado de pensiones fue el centro de una controversia, a raíz de que salió a la luz que solo el 0,03% de los más de cinco millones de afiliados recibirá el total de los ahorros que acumuló a lo largo de su vida en su AFP.

La razón de esta aparente injusticia es que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) establece que las pensiones deberán ser pagadas a lo largo de la vida estimada del afiliado, basándose en una tabla de mortalidad según la cual la expectativa de vida del peruano es de 110 años, décadas por encima de la expectativa real según datos del INEI. 

De acuerdo con los funcionarios de la SBS no hay otra opción. Esta, aunque no convenga a la gran mayoría, sería la única forma en que el sistema pueda cubrir a aquellos que superan la expectativa de vida promedio. 

Toda esta discusión ha vuelto a hacer pensar a muchos peruanos si este método de ahorro compulsivo es la mejor opción que existe para garantizar que tendrán una vejez tranquila. Y es que, para un buen número de personas, resultaría una mejor inversión para su retiro poder utilizar el dinero que hoy el Estado les fuerza a entregar a las AFP en, por ejemplo, adquirir una casa-habitación o pagar su educación con la finalidad de elevar sus ingresos y ahorros futuros. Más aun cuando la rentabilidad de las AFP se ve limitada, en gran parte, por las mismas regulaciones del Estado. Por ejemplo, por las restricciones a invertir en el extranjero.

Lo cierto es que todo el sistema de ahorro previsional forzoso parte de una premisa que es errada, si no ofensiva: la mayoría los ciudadanos son tontos e irresponsables, por lo que, si se respeta su libre albedrío, no tomarían medidas durante su vida laboral para asegurar su vejez. Y, a partir de esta premisa, se concluye que un tercero, sujeto a las instrucciones de una burocracia estatal, sabrá mejor que el dueño del dinero qué hacer con él.

Lo discutible e indignante de esta idea, de hecho, se evidenció claramente cuando el año pasado se quiso forzar a los trabajadores independientes a aportar al sistema de pensiones, iniciativa que tuvo que ser suspendida a raíz de la enorme oposición popular que despertó (aunque, supuestamente, entraría en vigencia en la segunda mitad de este año).

Por supuesto, no es políticamente viable una reforma que convierta en opcional a lo que hoy es un sistema compulsivo. Pero sí podrían darse ciertos pasos hacia una mayor libertad para que cada persona utilice los ahorros de su fondo previsional. David Tuesta, jefe de la Unidad de Inclusión Financiera del BBVA, ha propuesto algunas ideas interesantes: después de diez años de contribución a la AFP, una parte del fondo podría ser utilizada para comprar una vivienda o se podría diseñar algún producto financiero para que parte de dichos ahorros sea utilizado como garantía para proyectos productivos.

Asimismo, debería ser posible retirar por lo menos una parte del fondo en circunstancias de emergencia. Por ejemplo, cuando no se cuenta con recursos para financiar una operación médica. Resulta absurdo que una persona cuya vida está en riesgo tenga una cuenta de ahorros intocable para financiar su vejez. Otro caso en el que debería permitirse aunque sea retiros parciales es cuando el aportante pierde el trabajo. Imagínese la situación de una persona desempleada que ya no tiene recursos ni siquiera para pagar las pensiones del colegio de sus hijos. ¿No es absurdo que no pueda echar mano de su propio dinero para resolver un problema tan grave?

Finalmente, habría que posibilitar que parte del fondo sea utilizado para pagar la educación del aportante. La mayor educación, después de todo, permite aumentar los ingresos y, en consecuencia, los ahorros para la vejez.

La creación del sistema privado de pensiones, qué duda cabe, fue un avance frente al ineficiente y quebrado sistema público. Pero debemos seguir caminando y cada paso nos debería acercar un poco más hacia la libertad.