Editorial: Marca Perú

Violentar la ley para captar la atención estatal, y sin repercusiones, se ha vuelto un peligroso hábito de las protestas.

Editorial: Marca Perú

Hace poco más de un mes, lamentábamos en esta página el secuestro de 16 policías, 12 guardaparques y tres fiscales a manos de casi 200 ronderos en la provincia de Rioja (San Martín), una zona en ebullición debido a las acciones emprendidas por las autoridades para reubicar a casi 250 familias asentadas en medio de un bosque protegido.

Advertíamos en aquella ocasión que acciones punibles, como el rapto de funcionarios o la toma de carreteras, se habían consolidado como el lenguaje más eficaz para, contradictoriamente, ‘dialogar’ con el Estado y buscar la prevalencia de las condiciones de los reclamantes. Y que, incluso si las razones que motivan la protesta fueran legítimas, el recurso a la violencia jamás debía ser tolerado como instrumento de negociación. 

Como si fuera un déjà vu, la semana pasada tres episodios remarcaron este tóxico hábito y, si bien esta vez no hubo víctimas fatales que lamentar, la motivación tras dichas acciones fue la misma: un razonamiento maquiavélico en el que el atropello de la ley se ‘excusa’ con tal de obtener la atención de las autoridades.

El primero tuvo lugar el lunes 7 de noviembre en el distrito de Chacama, de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Según reportes periodísticos, cientos de personas encabezadas por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca y el Comité de Lucha Antiminera irrumpieron en las instalaciones de la mina Constancia –propiedad de la canadiense Hudbay Minerals– para exigir que la empresa cumpla con los acuerdos suscritos en el 2013 (incumplimiento que la minera negó rotundamente) y pedir una revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto.

La captura del tajo abierto devino en una parálisis de su producción, ante lo cual viajaron a la zona los viceministros de Minas, Guillermo Shinno, y de Orden Interno, Rubén Vargas. Los comuneros desalojaron la mina el jueves 10, aceptando retomar el diálogo no sin antes exigir que no se denuncie a ningún dirigente por la toma, como si la condonación de un ilícito penal (y la invasión violenta de la propiedad privada lo es) fuera un aspecto negociable. 

El mismo jueves, en la misma Chumbivilcas, esta vez en el distrito de Quiñota, otra mina fue objeto de un ataque. Un grupo no identificado incendió las oficinas de la zona administrativa y dos camionetas en la sede de la mina de la empresa Anabi. No se conoce a los responsables, aunque la policía presume que sería la población que está en conflicto con la minera. Las comunidades de Quiñota han demandado el retiro de la minera, alegando que contamina sus ríos, y la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del primer ministro y la Defensoría del Pueblo.

Un día antes, la Marina de Guerra del Perú informó a través de un comunicado que cuatro agentes que realizaban acciones de monitoreo ambiental habían sido “retenidos” por personas de la comunidad de Saramurillo (Loreto), “trasladados de manera pacífica” hacia la comunidad, “donde vienen recibiendo un buen trato”. Al día siguiente, la Marina informó que los oficiales habían sido liberados y “fueron entregados” al capitán de puerto de Iquitos. Eufemismos avergonzantes con los que la Marina de Guerra evitó llamar secuestro a un hecho que evidentemente lo era. Así de acostumbrado está el propio Estado a la fractura de la ley.

Así como la liberación de delincuentes por jueces nefastos produce nuestra más hirviente indignación, del mismo modo la impunidad de aquellos que incurren deliberadamente en delitos amparados en una falsa ilusión de ‘legitimidad de la protesta’ no debe pasar desapercibida. Sociedad civil, medios de comunicación, Estado y líderes políticos de todas las banderas, deberíamos unirnos para denunciar estos hechos y no dejar que la violencia –en cualquiera de sus formas– se convierta en la marca distintiva de nuestro país.