Editorial: Nunca más

Vctor Polay Campos, Miguel Rincn Rincn, Peter Crdenas Schulte y scar Ramrez Durand son nombres de cabecillas de las dos organizaciones ms sanguinarias que ha conocido nuestro pas, el MRTA y Sendero Luminoso. Son, tambin, los cuatro terroristas que la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima ha decidido que deben ser trasladados de la Base Naval del Callao (la prisin ms segura que tiene el Per) hacia otro penal donde las condiciones carcelarias sean ms flexibles y cmodas.

Tanto el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como la Defensora del Pueblo y el presidente del Poder Judicial han salido inmediatamente a criticar la sentencia, pues la Base Naval del Callao es el nico centro que cuenta con las estrictas condiciones de seguridad que se requieren para recluir a los monstruos en cuestin. Y este ltimo calificativo, por cierto, se queda corto para describir a estos sujetos. Estamos hablando de algunos de los criminales que ms sangre han hecho correr en nuestra historia, que mayor riesgo de fuga suponen (todos recordamos, por ejemplo, cmo en 1990 Polay y 46 integrantes del MRTA escaparon del penal Castro Castro mediante un tnel de 320 metros que construyeron y que desembocaba en una casa abandonada de la zona) y que podran perfectamente seguir dirigiendo operaciones terroristas desde una crcel que, a diferencia de la base naval, no cuente con todas las medidas para evitarlo.

Toda esta situacin, por otro lado, se muestra an ms negra cuando tenemos en cuenta que la mencionada resolucin judicial es un precedente que otros de los actuales inquilinos de la Base Naval del Callao podran invocar para que a ellos tambin se les d un tratamiento similar. Nos referimos, especialmente, a Abimael Guzmn y a Vladimiro Montesinos. De hecho, Alfredo Crespo, el abogado de Guzmn, sostuvo hace unos das que la resolucin judicial que ordena que Polay y los otros tres terroristas sean trasladados a un penal distinto tambin podra aplicarse a su cliente pues si salen cuatro internos, no habra razn para que se quede el resto. No tendra sentido ni sera legal.

Repasemos por un momento las condiciones de seguridad de Piedras Gordas, la crcel a la que aparentemente tendran que mudarse los terroristas, para darnos cuenta del tamao del despropsito que es la sentencia en cuestin.

Ms de un delincuente ha logrado transformar este penal de un centro de reclusin a un centro de operaciones, aprovechando la falta de control interno, el acceso a redes Wi Fi sin clave de inmuebles vecinos y la inoperancia de los sistemas de bloqueo de celulares. Por poner algunos ejemplos recientes, a principios del ao pasado el cabecilla de Los Malditos de Ro Seco organiz y pag desde ah la fuga de su sobrino Alexander Prez Gutirrez (alias Gringasho) de Maranguita. En febrero, varios medios informaron que el asesinato del vicepresidente regional de Amazonas se habra planeado desde esa crcel. En junio, se conoci que, desde su celda en ese penal, el recluso Eduard Horna Casamayor extorsionaba a mdicos y empresarios de Chimbote a los que peda dinero para no atentar contra sus vidas y las de sus familias. El pasado diciembre, por otro lado, se denunci que 8 policas servan como sicarios al cabecilla de la banda de extorsionadores El Nuevo Clan del Norte, que diriga sus operaciones desde el penal, entre ellas el asesinato de varios policas. Y ah se quiere reubicar a los cabecillas del MRTA y Sendero.

No podemos olvidar que en el pasado el terrorismo creci, en parte, gracias a que un sector de la sociedad subestim o fue indulgente con sus miembros y su pensamiento radical. Algunos minimizaron su peligrosidad (recordemos cuando los consideraron abigeos) y otros (aunque hoy lo nieguen) los defendieron o se hicieron de la vista gorda frente a sus atrocidades por empata ideolgica. Eso facilit que el monstruo creciese, devorase parte de nuestra sociedad y nos costase tantas vidas y aos de paz y desarrollo. Y, luego de derrotado, no han faltado individuos y organizaciones presuntamente democrticas que han abogado por que cese su condena aqu y en el extranjero, como si se tratase de inocentes borregos maltratados en vez de sanguinarios lobos justamente perseguidos.

Nunca ms debemos cometer el error de dejar que el virus del odio y del terror se vuelva a esparcir. No podemos ceder un centmetro a estas bandas de asesinos. Por eso, y pensando en la seguridad del pas, se debe anular la sentencia y el gobierno tiene que tomar todas las medidas necesarias para que la base naval cumpla con todos los requerimientos que la regulacin penitenciaria demanda y para que la ausencia de alguno de estos no pueda ser utilizada como excusa por este grupo de asesinos para pedir una reubicacin.