Editorial: Embudo electoral

Un asunto que había quedado un tanto relegado del debate público en los últimos meses es el de la reforma político-electoral. Sin embargo, ha saltado nuevamente a la palestra debido a una particular iniciativa legislativa presentada por el congresista Richard Acuña. 

Esta consiste, básicamente, en una modificación del artículo 18 de la Ley de Organizaciones Políticas, al cual le añadiría el siguiente párrafo: “Para inscribirse como candidatos, los afiliados deben contar como mínimo con tres años de inscripción a la organización política [sic], a la fecha de las elecciones correspondientes”. Una propuesta bastante similar a la que había planteado anteriormente Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista, la cual exigía también un año de afiliación partidaria como mínimo para postular a las elecciones de alcance distrital, provincial o regional. 

Las iniciativas han sido objeto de varias críticas al presumirse que tendrían un objetivo especial: sacar de carrera a algunos políticos que han hecho públicas sus aspiraciones de postular a la Presidencia de la República en el 2021 y aún pugnan por lograr la inscripción de sus nuevas organizaciones, como es el caso de Julio Guzmán con el Partido Morado y Verónika Mendoza con Nuevo Perú. En efecto, si se aprobaran los proyectos legislativos mencionados, resultaría prácticamente imposible que ellos o cualquier otra persona que no milite actualmente en un partido político postulen a las siguientes elecciones generales. 

La suspicacia en torno al interés de los proponentes crece cuando uno repara en que las encuestas de intención de voto preliminares ubican a Guzmán y a Mendoza en una situación expectante, por debajo de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, pero encima de César Acuña y Alan García, coincidentemente los ex candidatos presidenciales de los partidos que hoy impulsan esta peculiar reforma.  

Más allá de que aún es muy temprano para ir perfilando los candidatos que participarán en los comicios de aquí a tres años, y de si se tratan de proyectos de ley con nombre propio o no, cabe preguntarse si esta reforma, en realidad, responde a los intereses de la ciudadanía. Después de todo, es el electorado el que debería tener mayor poder de decisión sobre quiénes deben ser sus autoridades, y no se entiende cómo esta limitación podría favorecer su libertad y capacidad de elección. 

El “fortalecimiento de los partidos políticos” ha sido el principal argumento expuesto tanto por Acuña como por Mulder para sustentar sus planteamientos. No obstante, limitar la competencia de nuevas organizaciones y figuras políticas no parece una forma adecuada de robustecer el sistema político, sino más bien de cerrar el mercado político a favor de los ya posicionados.  

Resulta irónico, por otra parte, que en el Parlamento actual surja la idea de establecer un período mínimo de afiliación, cuando el 70% de su conformación ni siquiera militaba en el partido por el cual obtuvieron una curul en el 2016. Como lo revela un informe de la ONG Transparencia, solo 38 de los 130 congresistas electos estaban inscritos en un partido político o movimiento regional. 

Cabe mencionar, además, que ni siquiera bajo la propuesta legislativa planteada se requeriría de afiliación partidaria para ingresar al Congreso. El proyecto de Mulder señala expresamente –y el de Acuña lo admite también– que el requisito de los tres años de afiliación “no es aplicable al candidato incorporado como tal en la cuota de designación directa”. Es decir, los partidos políticos aún podrían llevar en sus listas de postulación parlamentaria a un 40% de invitados. Y en última instancia, hasta el 100% de legisladores electos podrían no militar en ningún partido. 

Mejorar los procesos de democracia interna, haciéndolos más transparentes y supervisados por los organismos electorales, eliminar el voto preferencial, y redefinir las circunscripciones electorales (pasando al distrito uninominal), son algunas alternativas que ayudarían a fortalecer los partidos políticos sin menguar irrazonablemente el poder de decisión de los votantes. Los proyectos legislativos de Acuña y Mulder, sin embargo, van en un sentido opuesto, en el que se perjudica a muchos electores y postulantes, y se beneficia a unos pocos.