Editorial: Seguridad en combo

La lucha contra la delincuencia, qué duda cabe, se ha convertido en la primera necesidad del país. De ahí que las carencias económicas para combatir la inseguridad ciudadana se conviertan también en parte de un problema urgente de soluciones. Las falencias de infraestructura y recursos humanos no son exclusivas de la policía, sino que afectan también los servicios de seguridad que brindan los gobiernos locales, golpeados por la escasez de presupuesto para dicha tarea. Por ejemplo, tan solo en Lima, casi el 70% de los vecinos no pagan tributos municipales (incluyendo los arbitrios de serenazgo) o los pagan solo algunas veces, según el Servicio de Administración Tributaria (2015).

Ante esta situación, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha lanzado una propuesta poco ortodoxa: que todos los municipios del país firmen convenios con las empresas distribuidoras de electricidad para cobrar los arbitrios por seguridad ciudadana, a través de los recibos de luz.

Hace unos días había anunciado ya una primera versión de su idea consistente en hacer “un pequeño cobro por familia” que “permitirá que haya más recursos para la seguridad”. No especificó la metodología para calcular dicho monto aunque indicó que dependería “de la economía de las familias”. “Si es pobre pagará entre S/1 y S/3”, añadió como tratando de minimizar el impacto que tendría en el bolsillo de los peruanos.

Días después, desde Arequipa, modificó un poco el tenor de su iniciativa aunque no tanto el contenido: “Vamos a aprobar un decreto legislativo en los próximos días que va a permitir cobrar el arbitrio por seguridad o serenazgo vía el recibo eléctrico”. “No es un impuesto porque ya existe... a las familias más pobres [se les cobrará] S/1… y podrá ser S/2, S/3, S/4, S/5, no va a ser más que eso…”.

Lo que parece no tener muy claro el ministro, sin embargo, es que en cualquiera de sus dos versiones, lo que estaba proponiendo era, en los hechos, la creación de un nuevo impuesto. Pues bajo el concepto de arbitrio de serenazgo, una municipalidad no puede cobrar lo que se le antoje ni exigir “colaboraciones” a la población por más mínimas que estas sean. Las municipalidades solo pueden cobrar lo que efectivamente cuesta el servicio, como sucede con cualquier otra tasa estatal.

Entonces, si el ministro ha considerado conveniente pasar el sombrero para pedir la contribución de los vecinos, tendría que hacerlo apelando únicamente a la voluntad de los eventuales mecenas; o en todo caso, pedir la aprobación de facultades legislativas para crear un nuevo impuesto a la seguridad, una materia que no ha sido objeto de solicitud ni de delegación. Y de cuestionable pertinencia, además, si se recuerda que los impuestos que actualmente ya pagamos (como el Impuesto a la Renta y el IGV), se supone deberían estar destinados primordialmente a una de las tareas más esenciales del Estado como es la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Por otra parte, tampoco parece ser buena idea aquella de atar dos servicios que no están relacionados (seguridad y servicio de electricidad) y que son brindados por distintas entidades (los municipios, por un lado, y las empresas de distribución eléctrica, por el otro). ¿Qué pasaría si una persona no paga los arbitrios de serenazgo porque el cobro le parece demasiado elevado o porque sencillamente el servicio es inexistente? ¿Le cortarían la electricidad? Si así fuera, ello violaría la ley de concesiones eléctricas y toda la lógica de la provisión de los servicios públicos (como agua, electricidad y telefonía), esto es, que por su esencialidad, no puedan ser atados ni condicionados a la contratación de otros servicios.

Es evidente que el Estado ha venido fracasando en la provisión de aquel servicio que debería justificar su existencia, la seguridad. Y que esto también puede haber dañado la disposición de las personas a pagar tributos por un servicio que consideran deficiente, con lo cual, quizá el camino correcto sea el de empezar a mostrar a los ciudadanos mejoras tangibles antes que pasarles la factura por adelantado, o tratar de vender la seguridad en combo junto con otros servicios básicos como el de la electricidad. 
No vaya a ser que por querer recaudar más, nos quedemos inseguros y a oscuras.