Editorial: Seguridad, la del voto

Más de un analista político ha resaltado lo paradójico que resulta que un presidente elegido en parte gracias a la imagen de ser duro y efectivo contra el crimen y la delincuencia termine su mandato contra las cuerdas en materia de seguridad. A estas alturas, el 90% de peruanos se siente inseguro en las calles y el 59% no se siente a salvo ni siquiera en su hogar. La situación ha llegado a tal nivel que, por distintos puntos del país, han empezado a proliferar iniciativas para imponer ‘justicia’ a través de linchamientos y castigos populares.

Frente a esta situación, y con las elecciones generales a poco más de siete meses, muchos políticos han percibido en este tema una gran oportunidad para posicionarse o fortalecerse en las encuestas. Para varios, parece haber una suerte de carrera por aparecer como el más duro contra la inseguridad bajo la idea de que aquel que logre izar esta bandera de forma más convincente en abril próximo tendrá la mitad de la batalla ganada, lectura que no deja de tener cierta verosimilitud dadas las significativas tasas de victimización reportadas.

En este camino, los políticos apuestan –previsiblemente– por aquellas soluciones que puedan granjearles los mayores aplausos, con prescindencia de su viabilidad legal o su potencial efectividad. Entre las alternativas con fuerte arraigo popular, y que han sido propuestas por autoridades vigentes y por candidatos, destacan tres: la pena de muerte, la militarización de las ciudades y el incremento de las penas para diversos crímenes.

Respecto de la pena capital, que goza de la aprobación de nada menos que el 79% de los ciudadanos, según la Universidad ESAN, los congresistas Humberto Lay, Luisa María Cuculiza, Lourdes Alcorta y Juan Carlos Eguren, además del ex presidente Alan García, han opinado a favor. La propuesta, sin embargo, es poco realista legalmente porque requeriría, por un lado, una enmienda constitucional a través del Congreso –los derechos fundamentales no pueden someterse a referéndum– y, por otro lado, apartarse de tratados y compromisos internacionales asumidos por el país –en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José–.

Además, la evidencia que apunta a que la pena de muerte efectivamente disuade a las personas de cometer crímenes es bastante endeble. La mayoría de estudios serios al respecto indican que, si existe algún efecto de la pena capital sobre, por ejemplo, la tasa de homicidios, este es reducido o nulo.

La militarización de las ciudades no tiene mejores perspectivas. Esta medida, popular y promovida por políticos como César Acuña y el ex presidente Alejandro Toledo, también demandaría una improbable reforma constitucional para que sea legalmente posible. Además, los casos de Colombia, Honduras, México, Guatemala y otros países que han recurrido en un momento u otro a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden interno dejan una clara lección: el impacto positivo en la reducción del crimen que tiene la presencia militar en las calles no se mantiene una vez que las tropas dejan la ciudad. Asimismo, el costo en materia de violaciones a las libertades básicas de parte de algunos uniformados suele ser alto.

Finalmente, el aumento de las penas a los que delinquen tampoco parece ser la bala de plata contra la inseguridad. El equilibrio y proporcionalidad entre el crimen cometido y el castigo recibido es un componente clave del sistema penal y, en general, de todo procedimiento para administrar justicia. La clave para reducir la inseguridad no está en aumentar las penas, sino en que los delincuentes sientan que existe una mayor probabilidad de ser capturados si cometen un crimen. La dureza de las sanciones no reduce la delincuencia; mayor efectividad de la policía y del Poder Judicial, sí.

Y es justamente por esto último que resulta lamentable que sean estas propuestas –populares, pero inviables e ineficaces– las que estén ganando vigencia en la clase política. Su facilidad, notoriedad y efectismo deja relegada la discusión sobre las soluciones de fondo que el país necesita para combatir la inseguridad. Mejor equipamiento de la policía; inversión en la infraestructura de las comisarías; coordinación rápida y eficaz entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial; involucramiento de la ciudadanía en denuncias y labores de vigilancia; fiscales especializados; son todas alternativas serias para enfrentar la inseguridad ciudadana, pero que reciben menos atención que aquellas en las que se percibe un caudal de votos atractivo. Mientras la única seguridad que importe sea la de conservar la curul o las preferencias electorales, es poco lo que se puede esperar en los próximos meses.