Editorial:Silencio en la sala

Un reciente proyecto de ley presentado por el congresista del Partido Aprista Peruano Mauricio Mulder ha generado bastante polémica por lo radical de su planteamiento: prohibir que las entidades públicas contraten publicidad en medios de comunicación privados (bajo pena de encarcelar a los funcionarios que lo hagan por delito de malversación de fondos) y establecer que, en su lugar, difundan sus labores únicamente en medios de comunicación estatales y a través de “las principales aplicaciones de redes sociales”.

Más allá de que el legislador parece desconocer que las principales redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son privadas, lo que de por sí supone una incoherencia, la principal preocupación que esta iniciativa ha despertado ha sido la del impacto que tendría en el derecho de los ciudadanos de acceder a información relevante del Estado y el deber de este último de difundirla apropiadamente.

Como es ampliamente conocido, los medios de comunicación estatal no tienen, ni por asomo, el mismo alcance e impacto que logran los medios privados. Por ejemplo, según un estudio de CPI, en el 2014, la radio estatal se encontraba en el último lugar de un comparativo de 16 radioemisoras en cuanto a alcance (llegando a un décimo del público al que alcanzaba la primera radioemisora, y a la mitad de la que ocupaba la penúltima) y audiencia.

Solo cabe imaginarse cuántas campañas de salud quedarían sin divulgarse, cuántos programas sociales serían desaprovechados o cuántas iniciativas estatales en general pasarían al olvido sin la publicidad institucional en radio, televisión, periódicos, revistas y páginas webs privados. Confiar en que solo con las redes sociales se podrá difundir suficientemente la información estatal, además, refleja una grosera ignorancia de la realidad nacional. Según cifras del INEI (2016), un 54,5% de residentes en el Perú no hace uso de Internet.

En otras palabras, de prosperar la iniciativa del parlamentario aprista, habría menos transparencia y menos posibilidades de comunicación entre Estado y ciudadanía, los cuales constituyen pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Si uno revisa la menesterosa exposición de motivos (de una página) de la propuesta en cuestión encontrará que esta se basa esencialmente en el mal uso de recursos públicos “para colocar publicidad que termine ocultando una conducta funcional reprobable, o pondere y elogie en exceso al funcionario”. Y aunque, ciertamente, puede haber casos de inapropiado uso de la publicidad estatal, el parlamentario no menciona un solo ejemplo, no aporta ninguna evidencia de un gasto inadecuado y, peor aun, no propone herramienta alguna para hacer la inversión publicitaria más objetiva o fiscalizar su uso correcto, propósitos que sí serían encomiables.

Así las cosas, parece que la motivación del legislador no fuera realmente la de regular o mejorar el gasto estatal en publicidad. Más bien, al impulsar una medida tan extrema como impedir toda publicidad en medios privados, trasluce algún tipo de ensañamiento contra estos últimos, incluso a costa de perjudicar el derecho de información de los ciudadanos.

Frente a las críticas que este proyecto ha merecido de instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad, la Defensoría del Pueblo y hasta de miembros de su propia bancada como Jorge del Castillo, el congresista Mulder ha respondido: “Esto no tiene nada que ver con libertad de prensa. Yo soy periodista, conozco perfectamente cuál es la lógica con la que actúan los medios de comunicación”. Y ha añadido: “No me parece relevante opinar sobre las declaraciones de quienes están en contra (del proyecto), cuando he visto que en las redes sociales hay un masivo apoyo a este tema […]”, como quien calla al resto de inexpertos que osan discrepar de su opinión y pide silencio en la sala.

Pero, a estas alturas, ningún mutismo podrá ocultar lo que el proyecto de ley ha evidenciado con elocuencia: un pobrísimo entendimiento del rol de la publicidad y de los medios de comunicación, y un menosprecio por la discrepancia y el derecho de los ciudadanos a acceder a más información de quienes los representan en el Estado.