Editorial: Por un tribunal sin excesos

Después de todas las idas y venidas que habíamos presenciado, parecía que nunca llegaría el día. Pero llegó. El Congreso eligió finalmente a los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Y, en líneas generales, escogió a abogados con una trayectoria importante y con suficientes pergaminos para ocupar tan encumbrada posición. Los elegidos fueron Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinoza-Saldaña, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón.

Al César lo que es del César: tenemos que felicitar la labor que cumplió el Congreso (a pesar de que la cumpliese con un escandaloso retraso, pues algunas de las vacantes debieron ser reemplazadas hace casi tres años) y que las bancadas encontraran una forma de que sus intereses partidarios dejasen de obstaculizar la renovación de una institución de tanta importancia para el orden democrático. La repartija, afortunadamente y por el bien de todos, quedó en el pasado.

Ahora, este nuevo rostro del TC debería servir para cambiar una peligrosa tendencia por la que se han decantado varios de sus miembros en el pasado. Nos referimos a la costumbre de utilizar sus sentencias no solo para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, sino también para establecer nuevas reglas o inventar normas que el Congreso no ha dado. En más de una oportunidad los magistrados del TC, por ejemplo, han establecido desde reglas procesales hasta derechos laborales más allá de lo que dicta la ley. Y, así, han caído en la tentación de actuar como si fuesen legisladores elegidos y empoderados por los ciudadanos.

No falta quienes celebran esta tendencia porque opinan que el TC debe buscar imponer la justicia con sus resoluciones ahí donde las leyes del Congreso han dejado de hacerlo. Pero esta visión pierde de vista que la función de los magistrados del TC no es imponer su personal y subjetiva visión de la justicia (que puede ser muy distinta de la de sus colegas o de la del resto de la población), sino simplemente declarar si las leyes que se cuestionan en su corte colisionan o no contra la Constitución. Y punto.

Lo cierto es que un TC que se toma atribuciones de legislador es, en primer lugar, profundamente antidemocrático. El poder de legislar es del pueblo. Y este lo ha delegado en los representantes que él mismo ha escogido para el Parlamento en elecciones democráticas, entre los cuales no se encuentran los magistrados del TC. Si estos últimos, a través de sus resoluciones, se toman atribuciones legislativas, rompen con este elemental principio.

En esta misma línea, un TC legislador viola la separación de poderes que establece la Constitución. Según ella, el Congreso se encarga de dar las leyes y el TC de verificar si son constitucionales. Pero no al revés. El TC, de hecho, tiene las mismas facultades legislativas que el presidente del BCR o el superintendente de la Sunat: ninguna.

El TC, por otro lado, no está sujeto a los controles que sí tiene el Legislativo. En este último unas bancadas vigilan a las otras, se necesita del consenso de un gran número de personas para alcanzar acuerdos, existen comisiones que revisan los proyectos de ley, el proceso de discusión es a vista del público y el presidente de la República tiene la facultad de vetar sus decisiones (y aun con todos estos controles a menudo se aprueban leyes que no benefician al público). En el TC, por el contrario, no existen representantes de los distintos sectores de la sociedad, un grupo pequeño de personas toma las decisiones, sus discusiones son a puertas cerradas y sus vocales tienen la última palabra sobre el tema que se decide. Se trata de un organismo que no tiene todos los candados que debería tener la institución que se encarga de legislar sobre las vidas de los ciudadanos.

Por todo esto, sería conveniente que el Congreso tome una medida adicional con respecto al TC. Podría dar una ley que establezca expresamente límites para que esta última institución no se haga de funciones legislativas que no le correspondan. Y, así, acotar su rol al de defensor de la Constitución y evitar que se convierta en un infractor de la misma.