Editorial:Vieja y costosa receta

Existen actitudes en muchos políticos locales que, por fuerza de la repetición, se han convertido en totalmente predecibles. Si cae su aprobación en las encuestas, estas no son confiables y no reflejan el “sentir de la calle”. Si ocurre un accidente, serán los primeros en pedir la cabeza de la autoridad sectorial y más regulación. Si suben los precios de un producto, se apresurarán en presentar un proyecto de ley para controlarlos, y si bajan demasiado, pedirán que el Estado los compre a un precio “más justo”.

Por ello, a estas alturas, poco sorprenden los airados reclamos que diversos políticos han tenido a la noticia de una importante adquisición en el mercado farmacéutico que involucra a las dos más grandes cadenas de farmacias del país (Inretail, dueño de Inkafarma, y Quicorp, dueño de Mifarma y Fasa). Muchos de ellos, por el apuro de aparecer en la foto, parecen no haber reparado siquiera en tener claridad en datos y conceptos. Es el caso, por mencionar solo uno, del ex presidente Alan García, quien afirmó vía Twitter: “Toda concentración es abusiva. Los medicamentos son muy caros en el Perú, pero lo serán mucho más si el 90% de las farmacias es propiedad de una sola empresa”.

La discusión, sin embargo, no se ha quedado en el caso concreto. La nueva compra ha sido aprovechada por un sector de la población para alimentar la discusión sobre la regulación de las fusiones y adquisiciones en nuestro país. Verónika Mendoza usó el momento para pedir un cambio de la Carta Magna en ese sentido (“En cualquier país democrático del mundo, su Constitución impide que haya monopolios, que haya concentración en el mercado […]. Eso tiene que cambiar”). Yonhy Lescano abogó por enésima vez por una ley de control de concentraciones. El ministro de Salud, Abel Salinas, ha pedido al Congreso discutir a la brevedad una iniciativa legislativa para “regular este tipo de fusiones, que no permita un dominio del mercado que pudiera repercutir en perjuicio del ciudadano”. Y el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Guido Lombardi, ha recogido la invitación y ha apoyado priorizar el anteproyecto de ley de control de concentraciones trabajado por el congresista Jorge del Castillo, a la par de aseverar categóricamente: “Lo que se demuestra con la adquisición de las cadenas de farmacias es la necesidad de un proyecto de esta naturaleza”.

La verdad, es que la compra de Quicorp por parte de Inretail no genera que el 90% de las farmacias sea propiedad de una empresa, sino cerca del 18%, y la mayoría de puntos de venta pertenecen a boticas independientes; y que las cadenas de farmacias (no todas las cuales pertenecen a las empresas fusionadas) representan aproximadamente el 55% de las ventas del mercado (por unidades en el 2017, según IMS). Lo cierto es también que la mayoría de constituciones del mundo no impiden los monopolios, sino el abuso de la posición dominante; que incluso mercados con alta concentración pueden ser muy competitivos si la demanda es elástica, hay bajas barreras de entrada y existe competencia potencial. Es decir, que el escenario apocalíptico que algunos quieren dibujar no es realmente tal.

En lugar de intentar prohibir los monopolios por decreto o por intervención estatal, se debería buscar reducir las barreras de ingreso a los mercados y procurar un clima predecible de negocios. Eso alentaría a nuevas empresas a competir y disputar los clientes de quienes se encuentren en una posición prevalente. Se debe además vigilar y sancionar las conductas anticompetitivas, como las prácticas colusorias o los abusos de posición de dominio (conductas por las que, no olvidemos, fueron sancionadas en el 2016 diversas farmacias).

Acostumbradas están nuestras autoridades a soltar diagnósticos sin evidencia, lamentablemente. Como también a prescribir costosas recetas sin sustento, como es el caso de un anteproyecto de ley de control de concentraciones que haría que el Indecopi destine recursos a predecir los eventuales efectos de una fusión en vez de hacer labores probadamente más efectivas como la persecución de los cárteles y la eliminación de las barreras burocráticas. Por suerte, los ciudadanos también estamos vacunados contra su oportunismo.