Editorial:Recalibrando la balanza

El jueves pasado, el Congreso decidió –una vez más– pisar el acelerador y aprobar de forma ‘express’ otra iniciativa legislativa del congresista aprista Mauricio Mulder. Se trata, ahora, de una resolución que modifica el reglamento del Congreso, regulando las crisis de Gabinete y sus efectos.

Este proyecto fue presentado en noviembre –curiosamente, no mucho después de que varios parlamentarios fujimoristas plantearan una postura similar luego de que el Congreso rechazara una cuestión de confianza interpuesta por el entonces primer ministro Fernando Zavala–. Tras ser exonerado de la discusión y dictamen en la Comisión de Constitución y Reglamento, se priorizó su pase al pleno y esta semana fue aprobado con 81 votos a favor.

La flamante resolución legislativa establece que no se produce una crisis total (prevista en los artículos 133 y 134 de la Constitución), si es que, luego de que un Gabinete es censurado o la confianza le es rechazada, no se cambian todos los ministros. Una disposición que no está en ninguna parte de la Carta Magna, que no impone restricción alguna a la conformación de un nuevo Gabinete. (De hecho, en el diario de debates de la Constitución de 1993, el presidente del Consejo Constituyente Democrático, Carlos Torres y Torres Lara, aseguró que “la crisis total del Gabinete no significa que cambien necesariamente todos los ministros”).

La modificación anterior no es menor porque –siguiendo el planteamiento de Mulder–, si se diera este caso, el Parlamento tendría la posibilidad de censurar o retirar la confianza a dos gabinetes además de aquel, antes de que se habilite al presidente de la República a disolver constitucionalmente el Congreso.

La resolución legislativa, además, limita los casos en los que el primer ministro puede plantear una cuestión de confianza al Parlamento. De acuerdo con el nuevo texto legal, ya no podría hacerlo para “promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político”. La Constitución, sin embargo, no establece condicionamientos sobre cuándo el Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza.

Así, tenemos que las nuevas disposiciones que ahora nos conciernen –respecto a las cuales la bancada de Peruanos por el Kambio ha anunciado que presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional– limitan las potestades constitucionales del Ejecutivo a través de un reglamento que debería estar encargado de regular al Congreso. El Gobierno tendrá ahora mayor carga al escoger a los ministros que considere necesarios –elemento central de este poder–. También enfrentará limitaciones para presentar cuestiones de confianza, una herramienta que actualmente le sirve de contrapeso del poder del Congreso de censurar ministros. Y, crucialmente, verá reducida aquella prerrogativa del Ejecutivo para balancear la facultad parlamentaria de gatillar crisis de Gabinete: cerrar, en casos extremos, el Congreso.

Dado que la intención detrás de esta norma es recalibrar la balanza de nuestros poderes, y los efectos de figuras constitucionales (como la censura y el nombramiento de un Gabinete), los padres de la patria debieron al menos tener la decencia de pasar necesariamente por el proceso calificado de una reforma constitucional. Es decir, por la votación aprobatoria de más de dos tercios del número legal de congresistas (88) en dos legislaturas ordinarias sucesivas o la aprobación por mayoría absoluta (87) del Congreso y ratificación mediante un referéndum.

El Congreso, en cambio, decidió pisar el acelerador e ignorar la Constitución tomando un camino rápido y libre de obstáculos inminentes (pues al encontrarse en el reglamento del Congreso, la normativa modificada le ha quitado la posibilidad al Ejecutivo de observar el cambio). Una actitud temeraria e irresponsable que habrá que recordar de quienes juraron defender la Carta Magna.