Editorial: Prueba de confianza

Encontrar razones que justifiquen una reforma del sistema político peruano resulta, a estas alturas, un ejercicio poco laborioso. En realidad, basta con voltear a mirar, por ejemplo, la gran cantidad de dinero que se filtró en las últimas campañas por debajo de los canales formales –recurriendo varias veces a elaborados esquemas de contribuyentes fantasmas y fraccionamiento de los aportes–, el amplio descrédito a los partidos políticos vigentes o el mal uso que se le ha dado en el Congreso a una prerrogativa constitucional como la inmunidad parlamentaria.

Que la reforma política deba priorizarse sobre otras podría admitir cierto grado de polémica, es cierto. Pero de que necesitamos hacerla, no cabe la menor duda.

Pues bien, sea como fuere, el Ejecutivo decidió llevarla adelante y, para ello, presentó en abril 12 proyectos de ley construidos sobre las recomendaciones de una comisión de especialistas convocada para tal fin.

Como sabemos, sin embargo, el poco entusiasmo que el Congreso exhibió en el trámite de las iniciativas legislativas y en particular el archivamiento de una de estas (los cambios a la inmunidad parlamentaria) gatillaron la exasperación del Gobierno que, envalentonado quizá por el rechazo ciudadano al Parlamento y con el recuerdo de la presión ejercida para que los proyectos que se votaron en el referéndum de diciembre pasado fueran aprobados a tiempo por el pleno, presentó una cuestión de confianza atada a seis proyectos de la reforma política a fines del mes pasado.

Bien es cierto que esta vez, el pedido del Ejecutivo contenía algunas condiciones que desnaturalizaban la herramienta. En particular, lo concerniente a los plazos en los que los proyectos debían aprobarse y la potestad que se arrogaba el Gobierno para interpretar, en última instancia, la dación de la confianza siempre y cuando el Parlamento no alterase lo que se denominó ‘el espíritu’ de las propuestas.

Por momentos, el ambiente de crispación y hostilidad que se forjó entre ambos poderes en los días previos al debate de la confianza hacía pensar en la posibilidad de que se llegase a una situación límite, con la negativa del Congreso y la habilitación a un cierre constitucional de este. Una situación que, dicho sea de paso, agitaban entusiastamente ciertos sectores, incluidos varios parlamentarios presentes en el hemiciclo.

Al final, sin embargo, triunfó la mesura. Y lo que hemos visto en los últimos días permite avizorar un panorama mucho más saludable en las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo.

Es positivo, por ejemplo, que la Comisión de Constitución haya aprobado ya el primero de los seis proyectos incluidos en la confianza –para que sentenciados por delitos dolosos en primera instancia no puedan postular a cargos de elección popular–. Como positivo también es que el primer ministro Salvador del Solar se haya reunido con representantes de Fuerza Popular –el partido con mayor cantidad de curules y que resulta clave para la concreción de las reformas–, o que este y el titular de Justicia, Vicente Zeballos, hayan acudido al grupo de trabajo al que habían desairado hace apenas unas semanas.

Este nuevo ánimo y la probable extensión de la legislatura hacen pensar que, en efecto, el Congreso podría terminar aprobando en primera votación las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno antes de que termine el actual mandato de la Mesa Directiva. Con ello, además de avanzar en la reforma política, le quitarían al Gobierno las municiones para presentar una nueva cuestión de confianza y le demostrarían –ambos poderes– a la ciudadanía que sí es posible avanzar acompasados para los cambios que el país requiere.

Y aunque esto último sea más un deseo que una realidad, esta vez vale darle la confianza a nuestras autoridades para demostrarnos que han dejado de lado las armas y pueden trabajar, por fin, de manera conjunta.